Habilitar la comercialización de cigarrillos electrónicos es un riesgo para la salud, sostuvo Fundeps

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) dio a conocer su posición sobre la nueva resolución del Ministerio de Salud de la Nación, que habilita la comercialización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina en Argentina.

La institución advirtió que se trata de un claro retroceso en salud pública, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

"La reciente habilitación comercial de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, dispuesta por la cartera sanitaria nacional mediante la Resolución Nº 549/2026 y la Anmat a través de la Disposición N° 2543/2026, es un retroceso en la política nacional de control de tabaco". 

"Las organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre los impactos en la salud pública y exigimos el cumplimiento pleno de la Ley  Nacional de Control de Tabaco Nº 26.687 y una fiscalización efectiva", sostiene Fundeps.

Los puntos clave que enumera Fundeps

-La ley vigente no falló, falló el control. La Ley 26.687 de Control de Tabaco es perfectible pero sólida. Lo que nunca funcionó fue la capacidad y la voluntad del Estado de hacerla cumplir, controlar y sancionar. Desde la sanción de la ley en 2018 el Estado no ha aplicado ninguna sanción por incumplimientos.

-Si antes no podían controlar... ¿ahora sí van a poder? La nueva normativa promete un "régimen regulado". Pero el Estado no aplicó sanciones, no actualizó encuestas epidemiológicas y no impidió la venta ilegal. Un esquema más complejo, con más productos y más actores, difícilmente sea más fácil de fiscalizar.

-Se abre el mercado a productos que casi no circulaban. Si bien los cigarrillos electrónicos circulaban de manera ilegal, los productos de tabaco calentado prácticamente no habían ingresado al mercado ahora se les abre la puerta. Las bolsas de nicotina ya estaban en kioscos ilegalmente y el Estado no hizo nada para impedirlo.

-Sin evidencia científica, transparencia ni participación ciudadana. Los documentos técnicos que sustentan la decisión no están publicados. La resolución invierte el principio precautorio: en lugar de exigir prueba de seguridad antes de habilitar, habilita y promete estudiar después. No hubo consulta a organizaciones de salud ni a la sociedad civil.

-El 35,5% de estudiantes secundarios ya probó cigarrillos electrónicos (Sedronar, 2025). Ese dato debería reforzar las restricciones, no usarse para justificar la apertura del mercado.