Discapacidad: trabajadores de Córdoba adhieren al paro nacional y reclaman en Plaza San Martín
Este miércoles a las 12.30 se manifestarán en la Plaza San Martín personas con discapacidad y sus familias, prestadores, transportistas y representantes de instituciones del sector, en el marco de un paro federal en demanda de "actualización urgente de aranceles, pagos mensuales regulares y cancelación de la deuda".
A nivel nacional, la convocatoria al paro partió desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que calificó como "insuficiente" el aumento del 3,4 en los aranceles del sector, dispuesto por el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, en línea con el índice de precios al consumidor (IPC).
En Córdoba, en tanto, el sector denuncia que "el Gobierno nacional sigue incumpliendo la Ley de Emergencia, atacando a las personas con discapacidad y destruyendo todo el sistema de atención".
En un breve comunicado, la Federación Converger, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI), la Mesa de Trabajo de Discapacidad y Derechos Humanos y la Cámara de Prestadores en Discapacidad (Capredis) plantean que "a pesar de las promesas y mentiras, siguen sin abonar ningún arancel de Incluir Salud desde diciembre", que los aranceles continúan un 40% por debajo de lo que dicta la Ley de Emergencia y que en este marco el Gobierno nacional amenaza con un proyecto de Ley que criminaliza a las personas con discapacidad y las organizaciones.
Respecto al proyecto de ley sobre pensiones por invalidez que Javier Milei envió al Congreso, con la firma del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Salud, Mario Lugones, Capredis advierte que nuevamente el Gobierno ataca al sector de la discapacidad, tratando de "fraude" los derechos adquiridos por el sector.
"Cuando se modifica el sistema de discapacidad, no se tocan números: se impacta directamente en la vida de miles de personas. Este proyecto no amplía derechos. Los condiciona, los fragmenta y los vuelve inciertos. Menos regulación. Más desigualdad. Más barreras", sintetiza el análisis de Capredis, que subraya que "la discapacidad no puede depender del presupuesto, ni del lugar donde vivís, ni de acuerdos entre partes".
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