Discapacidad: presentan amparo colectivo para que se cumpla la Ley de Emergencia

El colectivo Defendamos Córdoba presentó la acción ante el juez Federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja. Se solicita que el Gobierno nacional restablezca la cadena de pagos de prestaciones de discapacidad.
Un amparo colectivo se presentó en Córdoba ante la Justicia federal, solicitando la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el restablecimiento de pagos a los prestadores. Foto archivo: Lucrecia Bianchini - LNM

Ante el Juzgado Federal N° 3, cuyo titular es el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, se presentó este jueves un amparo colectivo contra “Incluir Salud”, el programa nacional que da cobertura a personas con discapacidad.  

La acción del espacio “Defendamos Córdoba”, fue patrocinada por la abogada Marta Lastra, y solicita el inmediato restablecimiento de la cadena de pagos a prestadores de discapacidad

En el texto del amparo presentado ante la Justicia federal, se solicita una medida cautelar urgente para salvaguardar los derechos de las personas e instituciones afectadas

Una ley que el gobierno de Milei no aplica

Vale recordar que, pese a que la Justicia federal ya declaró inválido el decreto que suspende la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional sigue sin dar cumplimiento a la normativa, por lo que los pagos no se hacen efectivos desde diciembre pasado. 

En el amparo presentado se cita el comunicado conjunto de Federación Converger, Capredis, ATI y Mesa de Trabajo en Discapacidad, donde se señala que “la falta de financiamiento pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de personas con discapacidad y sus familias en todo el país; si quienes deben financiar el sistema dejan de pagar, todo el sistema se paraliza”.

Y continúa: "Cuando el sistema que debería garantizar la atención y el acompañamiento de las personas con discapacidad deja de funcionar, no solo se pone en riesgo la continuidad de las instituciones y el trabajo de miles de profesionales: se pone en riesgo la dignidad, la calidad de vida y el futuro de miles de personas y sus familias”. 

El corte en la cadena de pagos, según denuncia la abogada Lastra, está ocasionando “el cierre de múltiples espacios y prestadores que brindaban atención al colectivo de discapacidad, dejando el sistema virtualmente desmantelado. Varios de ellos ya han comunicado su cese de actividades de manera formal”.

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