La Justicia Federal confirmó avances en la identificación genética de 12 cuerpos enterrados clandestinamente en el predio La Perla
El comunicado emitido por el Juzgado Federal Número 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género, a cargo de Juan Miguel Ceballos, expresa que "pone en conocimiento de la opinión pública que como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en colaboración del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación a la identificación genética de 12 personas".
En el comunicado la Justicia informó que una vez finalizado el proceso de notificación a los familiares directos de las personas cuyos cuerpos fueron identificados, "se procederá a dar mayor información al respecto".
"Trabajamos ahora en la notificación a los familiares"
La Nueva Mañana conversó con Miguel Ceballos, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Trata y Género del Juzgado Federal N° 3 de esta capital. "Estamos justamente ahora trabajando en el proceso de notificación a los familiares, en tanto lo que ha resuelto el tribunal es actuar en un respeto estricto a esos grupos familiares, que deben ser los primeros en enterarse", dijo el funcionario judicial.
Ceballos agregó que el tribunal ya inició las consultas a los familiares de las víctimas cuyos restos fueron en principio identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. "Consultaremos a ellos respecto a qué carácter le quieren dar a esta información, si nos piden que lo manejemos de manera reservada o nos autorizan a que la hagamos pública".
Los trámites a seguir por parte de la Justicia son arduos, y contemplan múltiples procedimientos formales a propósito de la comprobación fehaciente de la muerte de personas que permanecieron desaparecidas durante cinco décadas y fueron incansablemente buscadas por sus familias.
Incluye desde "los certificados de defunción librados por un oficial del Registro Civil de la Provincia, la comunicación al Registro Nacional Electoral, la prueba que significa también para distintas causas en distintos estados procesales, causas que se están instruyendo o donde hubo sentencia y se ha investigado, porque estas víctimas, han sido objeto de esas investigaciones judiciales, de esos juicios", señaló Miguel Ceballos.
Por último, tambien sobrevendrán las comunicaciones a los tribunales orales y a las casaciones, en el caso que correspondan, para que tomen noticia de que ha cambiado el estatus del delito.
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