El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 ordenó este jueves apartar al abogado designado por el Gobierno para participar del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, debido a que desempeña un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. 

El TOF 2 sostuvo que el cargo asignado al abogado José Console para participar del juicio "resulta incompatible" con el que desempeña en el órgano encargado de designar y destituir jueces en la Ciudad.

Console había sido designado por el Gobierno el año pasado pero su aparición en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA se produjo este año, cuando el Ministerio de Justicia lo eligió para que realizara los alegatos por parte del Estado, acto en el que pidió la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia. 

La decisión del TOF 2 fue comunicada hoy por el juez Jorge Gorini, en el inicio de una nueva audiencia del juicio que lleva más de dos años y se desarrolla todos los jueves en el edifico de los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. 

"Corresponde apartarlo del rol de abogado de la querella y dejar sin efecto su designación en autos", sostuvo Gorini tras explicar que su nombramiento resultaba incompatible de acuerdo a las leyes de la Constitución de la Ciudad, a la ley orgánica del Poder Judicial porteño y al reglamento del Consejo de la Magistratura. 

"La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los jueces o funcionarios judiciales no pueden ejercer profesión, empleo o comercio que no sea la docencia", remarcó Gorini antes de leer la resolución del Tribunal.

La decisión fue tomada por mayoría con los votos de Gorini y el juez Néstor Costabel, quienes además dispusieron remitir testimonio de lo actuado a la Oficina Anticorrupción, al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura porteño. 

Para que Console participara del juicio, el Ministerio de Justicia le retiró el poder a otro abogado de la Unidad AMIA, Enrique Ventos, quien había trabajado junto con los demás abogados de la unidad en un alegato distinto al que finalmente se presentó, según pudo reconstruir Télam. 

El alegato en el que habían trabajado los integrantes de la Unidad AMIA, pero que fue desechado por el Gobierno, incluía pedidos de penas para los ex fiscales Mullen y Barbaccia, por lo que la designación de Console y su posterior intervención en el juicio desató una fuerte crisis al interior de la Unidad. 

La designación de Console había sido cuestionada por la referente de Cambiemos Elisa Carrió, cuyo partido, la Coalición Cívica-ARI, emitió un comunicado en el que se despegó de la decisión.

"No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno", sostuvo el espacio que lidera Carrió a través del comunicado de prensa difundido el 6 de febrero. 

Desde el Poder Ejecutivo, el encargado de responderle a Carrió fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien sostuvo que no había ninguna irregularidad en la decisión del Gobierno y que era "un problema" de Carrió si ella no estaba de acuerdo.

"Es un problema de la doctora Carrió. Puede pedir mi juicio político. Cualquiera puede pedirlo cuando quiera", dijo durante una entrevista radial en la que le consultaron sobre el eventual pedido de juicio político en su contra impulsado por la diputada.

A pesar del apartamiento de Console, el TOF 2 decidió tener por aceptado el alegato de la querella del Ministro de Justicia porque fue realizado en presencia de Horacio De Filipo, otro abogado de la Unidad AMIA que si está habilitado para participar del juicio. 

En el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA están siendo juzgados, además de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex presidente Carlos Menem, el titular de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex juez Juan José Galeano, entre otros. 

En el juicio oral se ventilaron dos grandes hechos: por un lado, el pago al reducidor de autos Carlos Telleldín para que diera una declaración falsa ante la justicia; y, por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien tenía vínculos con la familia Menem.

Fuente: Télam