La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, propuso bajar la edad de imputabilidad a 12 años

“Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó Monteoliva tras defender la baja de la edad de imputabilidad que el Gobierno impulsa en la sesiones extraordinarias de febrero.
“La baja de la edad de imputabilidad es clave", dijo la funcionaria que reemplazó a Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad. Foto: gentileza

El Gobierno nacional volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad y endureció su discurso en la previa del debate legislativo que comenzará con las sesiones extraordinarias de febrero y tratará el proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil.

En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el piso etario debería ser menor al propuesto en la iniciativa oficial, que fijaría la imputabilidad a partir de los 13 años, y planteó que la discusión real hoy se mueve entre los 12 y los 13.

“La baja de la edad de imputabilidad es clave. Ojalá logremos que se establezca a los 13 o 14 años, pero creo que incluso debería ser menos”, afirmó Monteoliva en declaraciones radiales. Según explicó, la tendencia internacional se ubica en rangos más bajos que los vigentes en la Argentina y consideró que el país “está rezagado” en esa discusión.

La ministra celebró además que el proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil haya sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias del Congreso. “Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido. Ojalá que podamos lograr esa reducción en la edad de imputabilidad”, señaló, marcando el interés del Ejecutivo en acelerar el tratamiento parlamentario.

Monteoliva argumentó que la normativa actual responde a una realidad ya superada. “Tenemos una ley de 1980, mientras que las organizaciones criminales han cambiado. Hoy reclutan chicos y la evidencia muestra que esas estructuras han mutado”, sostuvo, al justificar la necesidad de actualizar el régimen penal juvenil.

En la misma línea se expresó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien ya había hecho una defensa pública del proyecto. “El régimen actual es malísimo. Es injusto para la víctima, que es lo más importante, y también para el menor, que vuelve a la calle. Hay que cambiarlo”, afirmó. Para el funcionario, el debate no puede darse con parámetros de hace más de cuatro décadas.

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