“Primero se apuntó a desmantelar las políticas de DD.HH. y ahora a construir una nueva narrativa”

En Argentina el constante deterioro y desmantelamiento de los mecanismos trascendentales para el orden democrático, particularmente en el área de los Derechos Humanos, muchas veces pasa desapercibido debido a la potente crisis económica que atraviesan vastos sectores de la sociedad. Sin embargo, sobre el final del 2025 y en lo que va de este año, tuvieron lugar acontecimientos relacionados con el área que merecen atención.

Luciana Bertoia, al frente de la agenda de Memoria, Verdad y Justicia en el diario Página/12, es una de las personas con mayor conocimiento del tema Derechos Humanos. En diálogo con La Nueva Mañana, analizó el actual estado de situación institucional y lo que se espera para este año, a partir del nombramiento de nuevos funcionarios y el avance de las causas vinculadas al terrorismo de Estado. 

Organizaciones, ministerios y secretarías

LNM –Sobre el final del año pasado, organizaciones de DD.HH. presentaron el informe “Bajo asedio”, a propósito de la ofensiva revisionista del Gobierno nacional, ¿Qué repercusiones tuvo?

LB -El informe tuvo un fuerte impacto en el campo de los Derechos Humanos y en organismos internacionales. Es un relevamiento sólido, que muestra las distintas modalidades de intervención que ha tenido el Gobierno. Que van desde la obstaculización de la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura hasta el desmantelamiento de las estructuras que contribuían al proceso de juzgamiento. Lamentablemente, este tipo de denuncias no hacen mella en el Gobierno, que parece redoblar su ofensiva contra el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Tan es así que hace unas semanas cinco relatores de la ONU le recordaron que mandaron seis notas expresando preocupación por el proceso de desmantelamiento de estas políticas en tan solo 17 meses.

LNM -Hace pocos días asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de DD.HH. ¿Qué se sabe acerca de este funcionario? 

-Joaquín Mogaburu es el nuevo subsecretario de Derechos Humanos y su designación expresa un giro ideológico en las políticas para esta área de La Libertad Avanza (LLA). Si con Alberto Baños, el anterior subsecretario, el foco estuvo en la destrucción y en el desmantelamiento, con Mogaburu parece que la intención estará centrada en la construcción de una nueva narrativa, sobre todo para cuando se cumplan 50 años del golpe. 

LNM -¿Qué vínculos tiene Mogaburu con el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, y con  Bryan Mayer?

LB -La  gestión de Mogaburu dialoga con el Ministerio de Defensa de Carlos Alberto Presti, quien es clave en la avanzada militar sobre áreas civiles. Por otra parte, Bryan Mayer funciona como su principal operador político, relativiza los crímenes de la dictadura y oficia como vocero de las Fuerzas Armadas. Mayer y Mogaburu se desempeñaron el año pasado en el Ministerio de Defensa, desde donde impulsaron una narrativa de “memoria completa”. A esto hay que sumarle otro dato: Mogaburu conoce bien la Justicia federal, donde tramitan las causas de lesa humanidad, porque se desempeña –ahora está con licencia– como secretario de un tribunal oral federal.

Las causas por delitos de lesa humanidad

LNM -¿Cuáles son los próximos procesos judiciales  y qué expectativas hay respecto a su desarrollo?

LB -En poco tiempo empezarán juicios, como el de la masacre de la calle Corro –donde murió María Victoria Walsh– y el que se centrará en los crímenes cometidos en Automotores Orletti y la base Pomar. La Cámara Federal de Casación Penal debe pronunciarse sobre la bomba en la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), lo que podría habilitar la persecución penal de los militantes de los ‘70. La Corte también tiene para resolver un recurso de reposición en el caso Larrabure. El otro gran tema está asociado con las prisiones domiciliarias y libertades condicionales, ya que hay menos de 80 represores presos.

LNM -El Gobierno prevé realizar cambios en el Museo Sitio de Memoria ESMA. ¿Cuál es la finalidad?

LB -Efectivamente, se anunciaron cambios en el guion del Museo. Y parece que la reforma está orientada a criminalizar a las víctimas y justificar la intervención de las Fuerzas Armadas. 

LNM -Si hablamos de derechos humanos, es imposible obviar la represión de las fuerzas de seguridad sobre las manifestaciones populares, las protestas. ¿Cómo son tratadas en la justicia las causas vinculadas al accionar represivo del Ministerio de Seguridad?

LB -Con lentitud y resistencia. Sin embargo, hay efectivos que tienen procesamientos. Lo que falta es avanzar con los responsables políticos. A fin de año, la Justicia en lo Contencioso Administrativo dijo que el protocolo anti piquetes era nulo. Es un dato importante, porque fue el instrumento que posibilitó la represión durante los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Evidentemente, la administración libertaria sigue necesitando esa impronta para manejar las calles, si se tiene en cuenta que intentará avanzar con una reforma laboral muy regresiva.

Los derechos humanos en la administración Milei

LNM -¿Hubo nuevas condenas a represores en lo que va del gobierno libertario?

LB -Sí, hubo condenas. Los juicios siguen a pesar de los embates del oficialismo. Pero también se registraron muchas más absoluciones que en otros años.

LNM -¿Cuál es el rol de Javier Milei y Victoria Villarruel sobre el tema? ¿Comparten intereses o tienen diferentes posiciones?

LB -Comparten el objetivo de revisar el consenso democrático. Milei lo hace desde la provocación y el vaciamiento institucional; Villarruel tiene una construcción más sólida con el sector procesista que quiere impugnar el proceso de juzgamiento para conseguir la impunidad.

Ley de inteligencia

LNM -¿Qué es lo más preocupante del DNU 941 que modifica la Ley de Inteligencia? ¿Cómo afectan a la ciudadanía estas modificaciones? 

LB -Todo el DNU es grave, ya que habilita a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas, hace retroceder el control civil, faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones interiores y permite que las agencias compartan nuestros datos sin que existan investigaciones judiciales. 

LNM -¿El DNU 941 está vigente? ¿Tiene herramientas la justicia para ponerle límites?

LB -El DNU está vigente mientras el Congreso no lo rechace. De consolidarse, amplía zonas grises de vigilancia y opacidad. La justicia puede frenarlo vía cautelares o declarar su inconstitucionalidad, pero hasta ahora ha evitado intervenir.

La democracia en juego

LNM -¿Cómo analiza el devenir institucional en Argentina en lo que resta de la administración de Milei? 

LB -Lo que hoy está en juego no es solo el pasado, sino el presente democrático; se está desmontando, por goteo, una política de Estado que fue ejemplo internacional en materia de derechos humanos. El mundo mira lo que sucede en Argentina porque, al decir de Kathryn Sikkink, una de las principales referentes en materia de derechos humanos, en algún momento fuimos un Estado paria que desaparecía personas y negaba lo evidente; pero en democracia, con avances y retrocesos, caminamos detrás de un modelo que le daba primacía a la Justicia como instrumento para poner las cosas en su lugar, para que no hubiera quien estuviera más allá de la ley y los derechos humanos.