Declaran en Bolivia la emergencia energética y social ante escasez de combustibles
El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles emergencia energética y social en todo el país ante la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de dólares, lo que implica la habilitación de medidas excepcionales durante un año con el propósito de garantizar el abastecimiento y sostener la actividad económica, difundió la prensa local.
La medida fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz Pereira mediante el Decreto Supremo 5517, el cual autoriza de forma extraordinaria la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación, bajo un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector.
Escasez de divisas
De acuerdo con el Ejecutivo, la acción busca mitigar el impacto de la crisis entre la población, en un contexto marcado por la escasez de divisas y las restricciones externas que afectan a la economía boliviana.
“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos, y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana”, indica la norma excepcional.
Entre las medidas más sensibles, la medida responde al “déficit extremo” de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y los sectores estratégicos.
En este marco, el Gobierno dispuso la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y eliminó por un año la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas.
El decreto establece también el retiro temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el objetivo de facilitar su ingreso al país y reducir así los cuellos de botella en el abastecimiento interno.
La declaratoria de emergencia se produce tras la abrogación del polémico Decreto Supremo 5503, que había generado protestas y críticas de distintos sectores sociales, que lo calificaron de inconstitucional.
Fuente: NA
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