La conducción de Luz y Fuerza atribuyó la sentencia contra Suárez y Molina Herrera a una "operación política"
El Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba emitió un comunicado titulado "El fallo que derrumbó la operación política", a través del cual destaca que en la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal número 2, en la que el exsecretario General del gremio, Gabriel Suárez, y el actual, Jorge Molina Herrera, recibieron condenas de seis y cuatro años de prisión, respectivamente; se los absolvió "de las imputaciones más graves previstas en los artículos 210 y 303 del Código Penal", referidos a la asociación ilícita y el lavado de activos de origen ilícito.
"A la vez, dispuso condenas en suspenso por administración fraudulenta, al considerar que los fondos del Fondo Compensador debían aplicarse exclusivamente al pago de los jubilados. Según esta interpretación, la utilización de parte de esos recursos para turismo social o préstamos personales —actividades que beneficiaban de manera directa a los afiliados y cuyos montos se reintegraban al Fondo— habría excedido los fines previstos en la normativa específica", detalla el comunicado del sindicato.
Y a continuación, subraya: "Lo esencial del fallo es que la Justicia dejó claramente establecido que no existió beneficio económico personal para ninguno de los imputados. Quedó demostrado que no hubo enriquecimiento indebido, desvío ilícito de fondos ni estructura alguna destinada a obtener ganancias ilegítimas. En el mismo sentido, la compañera Victoria Yanina Molina fue totalmente absuelta".
Destaca el documento que el tribunal, integrado por los jueces Noel Costa, José Fabián Asís y Carolina Prado, fue categórico al evaluar que ninguno de los acusados se apropió de dinero del sindicato ni obtuvo ventaja personal. "Este elemento central desbarata por completo la operación política que intentó, por la vía judicial, lo que no había podido lograr a través de la participación democrática del gremio: desplazar a la conducción legítimamente electa", agrega el comunicado, vinculando el proceso judicial a un móvil político sindical.
A continuación, el documento firmado por el Consejo Directivo del Sindicato agrega que en relación con el manejo del Fondo Compensador, "la sentencia señala que no correspondía utilizar dichos recursos para actividades distintas del pago a jubilados", pero aclara que "también reconoce que las erogaciones realizadas -préstamos personales y turismo social- eran reintegradas por los propios afiliados y respondían a prácticas históricas del gremio".
Adelanta la misiva que las penas en suspenso que recibieron Suárez y Molina Herrera "serán recurridas ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerarse injustas y estigmatizantes, dado que no se verificó perjuicio económico al Fondo ni lucro personal de los administradores".
El comunicado también destaca como relevante que el Tribunal dispuso el fin de la intervención de Gendarmería Nacional sobre el Fondo Compensador y "ordenó el inmediato retorno de su administración a manos de la conducción legítima, encabezada por Jorge Molina Herrera, elegida democráticamente con la participación de más del 90% del padrón de afiliados".
Aclara a continuación que "ninguna pena se hará efectiva hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación deje firme la sentencia" y que "no cabe ningún tipo de inhabilitación para ejercer cargos gremiales".
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