El Gobierno promulgó la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, pero suspendió su aplicación

La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición de cómo se cubrirán los costos.
Con el mismo argumento que utilizó para dejar caer, otra vez, la ayuda al área de Discapacidad, el Gobierno suspendió la aplicación de estas normas por entender que los textos de las leyes no determinan sus fuentes de financiamiento. Foto: archivo

El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. No obstante, su aplicación quedó postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.

Así quedó plasmado en los Decretos 759/2025 y 760/2025 publicados este martes en el Boletín Oficial con las firmas Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello (en el Decreto 759) y de Salud, Mario Lugones (en el caso del Decreto 760).

De esta manera, el Gobierno promulgó la Ley 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Esta última norma tiene su origen en la profunda crisis que atraviesa el Hospital Garrahan.

Sin embargo, con el mismo argumento que utilizó para dejar caer, otra vez, la ayuda al área de Discapacidad, el Gobierno suspendió la aplicación de estas normas por entender que los textos de las leyes no determinan sus fuentes de financiamiento.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso de la Nación pese al veto Presidencial previo, apunta a sostener del presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.

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