Más de 9.000 personas fueron sorteadas para integrar jurados populares cordobeses en 2026
El Poder Judicial de la Provincia de Córdoba informó que 9.324 personas fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el año 2026 y que en la página web de la Oficina de Jurados Populares ya está disponible un buscador de candidatos a jurados.
Se indicó oficialmente que las personas sorteadas serán notificadas a través del Ciudadano Digital (CiDi) y por mensajes de whatsapp, y detallaron que esas comunicaciones contienen un enlace al formulario digital, que también puede completarse en la web de la Justicia de Córdoba.
Para consultar dicha nómina, se puede ingresar en el enlace http://bit.ly/JuradosPopulares y colocar el número de documento.
Quienes figuren en ese listado deberán completar un formulario digital al que se accede desde el mismo sitio oficial; ingresando al Portal para la Ciudadanía del Poder Judicial (https://www.justiciacordoba.gob.ar/portalciudadania), con su clave de CIDI; o bien, desde el enlace contenido en el texto de la notificación enviada a esta plataforma.
La Oficina de Jurados Populares analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182.
Para obtener mayor información, comunicarse con la Oficina de Jurados Populares al teléfono (0351) 4266852, entre las 8 y las 14 horas, o bien, al correo electrónico oficinajurados-cba@justiciacordoba.gob.ar.
Respecto a las notificaciones por whatsapp, apuntaron oficialmente este mecanismo permite un ahorro significativo de recursos públicos en comparación con el envío de notificaciones postales y en experiencias anteriores ha demostrado ser más efectivo.
Recuerdan desde el Poder Judicial de Córdoba que, conforme lo establece la normativa vigente, los jurados populares conforman las Cámaras del Crimen, en mayoría -ocho ciudadanos y tres magistrados-, cuando se someten a juicio personas imputadas por crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. La función es una carga pública y las personas convocadas reciben una retribución diaria por parte del Estado provincial, mientras dure su función.