"Ajustan y habilitan negocios con fondos públicos": el sector de la discapacidad se pronunció tras las denuncias por corrupción

En una conferencia de prensa que se replicó en distintos puntos del país, personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector exigieron una investigación transparente de la "trama de coimas millonarias".
"Mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el pretexto de la 'austeridad'", dice el documento. Foto: Lucrecia Bianchini / LNM

"Es inadmisible que un organismo creado para garantizar derechos de las personas con discapacidad se haya transformado en un posible escenario de corrupción y enriquecimiento personal", comienza el documento que difundió el colectivo tras las denuncias por presuntas coimas de involucran a los directivos de la Andis y a la hermana del Presidente, Karina Milei.

Personas con discapacidad, familiares y trabajadores realizaron una conferencia de prensa en la Plaza San Martín y en otros puntos del país, para repudiar el accionar del Gobiero y reclamar el cumplimiento de la ley de emergencia. Mientras, siguen circulando audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discpacidad (Andis), que vinculan a otros funcionarios del gabinete en los presuntos hechos de corrupción.

El sector denunció que el escándalo se suma a un contexto de "recortes brutales" que vulneran derechos básicos, como la suspensión de prestaciones, el freno en las pensiones, las trabas en el otorgamiento del CUD y demoras en los pagos a prestadores.

"Mientras se ventilan tramas de coimas millonarias, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad con el pretexto de la 'austeridad'", argumenta el documento y agrega: "Esta contradicción desnuda la verdadera lógica de un modelo político que ajusta a quienes más necesitan apoyo, al mismo tiempo que habilita negocios espurios con fondos públicos". En la misma línea, rechazaron los discursos de odio que "elevan la vara de tolerancia al ajuste desmedido que se traduce en un genocidio por goteo". 

Asimismo, exigen "una investigación pública que garantice sanciones a todos los responsables políticos y administrativos" y la conformación de una comisión investigadora en el Congreso. También solicitan la suspensión de las auditorías en curso, hasta tanto se aseguren mecanismos "transparentes"  y que "ninguna medida afecte a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores" ni al acceso a las "pensiones, prestaciones y derechos esenciales". 

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