En unidad, diversas vertientes de judiciales le piden al TSJ la apertura de una mesa de negociación

La conducción gremial y los espacios de “Alternativa 16 N” y “Autoconvocados”, en unidad, demandan la equiparación salarial al 90% con la Justicia Federal. Este miércoles inicia un paro de 72 horas, que concluirá el viernes con una movilización.
Foto: gentileza

El Gremio de Judiciales de Córdoba dio a conocer este martes que la denominada “mesa de lucha”, constituida al calor del conflicto salarial que atraviesa el Poder Judicial, adoptó como decisión de conjunto una solicitud de una mesa de negociación dirigida al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para discutir la equiparación al 90% con la Justicia Federal.

La nota fue firmada por la conducción gremial y los espacios opositores de “Alternativa 16 N” y “Autoconvocados” y demanda la puesta en marcha de una mesa de negociación con las autoridades del Poder Judicial para que en los mismos términos de la Ley 10106/2011 (ya aplicada a magistrados y funcionarios), se alcance un incremento promedio del 20% en los haberes para todas las categorías.

Desde la organización gremial se valoró el nuevo paso de unidad dado en el largo conflicto que se viene desarrollando en el seno del Poder Judicial y mantiene una actitud expectante acerca de la respuesta que podría dar el Tribunal Superior a la nueva solicitud gremial.

Luego de las jornadas de protesta de la semana pasada, las y los trabajadores de la Justicia de Córdoba, nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), realizan un nuevo paro de 72 horas, que comienza este miércoles 21 y culmina con una movilización a Tribunales el viernes 23.

El reclamo cordobés cuenta, entre otros apoyos, con el acompañamiento de la Federación Judicial Argentina, que declaró una jornada nacional de protesta en respaldo a los reclamos.

El conflicto se ha profundizado con la negativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de abrir una mesa de diálogo.

Las y los empleados denuncian el doble standard salarial que sufren, al no poder acceder en igualdad de condiciones a la equiparación salarial que lograron los magistrados provinciales, que desde 2012 cobran sueldos ubicados en el 90% de sus pares federales.

Según AGEPJ, la pérdida real de los salarios es superior al 40%: trabajadoras y trabajadores de las primeras categorías de la carrera tienen sus ingresos por debajo de la línea de pobreza. En el marco del plan de lucha, los empleados de la Justicia solicitan que el Tribunal Superior reactive la negociación salarial. 

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