Juicio Neonatal: la querella se diferenció de la fiscalía y pidió penas efectivas para los ex funcionarios

Este martes, la querella solicitó las penas para los 11 imputados en el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal. El abogado Carlos Nayi, quien representa, junto a otros letrados, a los familiares de los 13 bebés perjudicados, se distanció del pedido que realizó la fiscalía de Cámara y requirió condenas de prisión efectiva para la decena de funcionarios imputados. 

Para Brenda Agüero, la enfermera acusada de asesinar a cinco bebés y de ocho homicidios en grado de tentativa, los representantes legales de las familias coincidieron en solicitar la pena de prisión perpetua.  

La querella requirió la pena de seis años de prisión efectiva para el ministro de Salud Diego Cardozo y la directora del Neonatal Liliana Asís. Para Claudio Miguel Carvajal, el secretario del ministerio al momento de los hechos, Nayi solicitó la misma pena. 

En tanto, para Alejandro Tomas Escudero Salama, el ex subdirector de Gestión Administrativa, el abogado querellante pidió cinco años. Sobre el ex jefe del Área Legales del Ministerio de Salud Alejandro Gabriel Gauto, recayó el pedido de la pena concreta de 4 años de prisión.

Nayi se diferenció de los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Balestrini, que habían pedido penas menores y con modalidad condicional.  

"Todos mataron, una de manera directa y otros creando el clima propicio para que Brenda Agüero siguiera matando", fundamentó el letrado durante su alegato. 

El abogado querellante, junto a la defensora Ana Pagliano -representante complementaria de todos los bebés que fueron víctimas de descompensaciones y muertes- consideraron que los crímenes debían ser encuadrados en un contexto de violencia institucional y violencia obstétrica.

Además, solicitaron que los se sostenga la acusación de "falsedad ideológica" que recae sobre algunos ex jefes de área del nosocomio. La semana pasada, el fiscal Sergio Ruiz Moreno había pedido que a la médicas María Alejandra Luján y Adriana Luisa Moralez se les retire esa acusación. 

Nayi señaló que después de la primera muerte "sin explicación médica" tanto los profesionales de salud como los directivos y los funcionarios del ministerio, tenían "la obligación de denunciar".

Respecto a María Alejandra Lujan, obstetra, el letrado expresó: "debe mantenerse la calificación legal de falsedad ideológica, y solicitó la pena de 3 años de prisión". En la misma línea, la médica Marta Elena Gómez Flores enfrenta un pedido de condena de 6 años de prisión con cumplimiento efectivo. 

Para las medicas Adriana Luisa Moralez y Claudia Elizabeth Ringhelheim y la ex jefa de enfermería Alicia Beatriz Alisa la querella pidió la pena concreta de cinco años de prisión.

Al salir de la audiencia, la mamá de Benjamín, una de las víctimas, expresó: "Quedó plasmado que fueron responsables de que esta otra persona (Brenda Agüero) pueda actuar.

Los agravantes según la querella

"Las denuncias que se presentaron el 6 de junio, descontextualizadas y que no hacen referencia a los casos anteriores, fueron para proteger a los profesionales, no para detener los ataques", agregó el abogado y apuntó la "eliminación de evidencia". "No solo es importante lo que figura en el celular de las personas que están en la sala, también es importante lo que no está, lo que se eliminó", desarrolló refiriéndose a las pruebas que arrojaron los peritajes realizados sobre los celulares de Asís, Cardozo y Escudero Salama. 

En relación a la sanción por la omisión de deberes y por el encubrimiento agravado Nayi puntualizó que "teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos juzgados" el tribunal y el jurado popular debe otorgar la pena máxima que la escala legal estipula para ese tipo de delito. "No es lo mismo encubrir un robo que una cadena de delitos complejos, como es el homicidio", ejemplificó. 

La querella expresó que "la conducta de los funcionarios generó un daño terrible, sin precedentes en Córdoba y en la Argentina, y una limitación en la investigación". 

"Los bebés recién nacidos debían ser protegidos por los funcionarios, que encubrieron todo lo que sucedía", indicó Nayi y agregó que existió una coordinación por parte de los funcionarios, quienes "actuaron de manera premeditara, pactaron silencio y preocuparon unificar criterios". 

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