Excarcelaron a uno de los detenidos en el Congreso y ratificaron la detención de los otros cuatro
La Cámara Federal de Casación Penal dispuso este jueves la excarcelación de Facundo Gómez, uno de las cinco personas que quedaban detenidas, producto de la represión desatada el 12 de junio pasado por las fuerzas de seguridad en las afueras del Congreso, en el marco del debate por la Ley Bases.
En tanto, los jueces ratificaron la prisión preventiva de las otras cuatro personas: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Roberto María de la Cruz y Cristian Fernando Valiente.
Cabe recordar que estas cinco personas fueron detenidas el mismo 12 de junio, en inmediaciones del Congreso, junto a otras 28 que previamente fueron liberadas; en el marco de lo que muchos califican como una "cacería" por parte de las fuerzas de seguridad, que habría tenido el objetivo de "liberar" la Plaza de los Dos Congresos para cuando terminara el debate por la Ley Bases en el Congreso.
Según precisa El Destape, la decisión de la excarcelación, aprobada por mayoría, es bajo “caución juratoria y las obligaciones e impedimentos que la jueza (María Servini) entienda pertinentes”.
Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico entendieron que la situación de Gómez es distinta a la del resto de las personas que aún permanecen detenidas, a quienes el fiscal Carlos Storneli buscó adjudicarles delitos como "instar a la violencia colectiva", "sedición" y "terrorismo", en línea con la fuerte criminalización de la protesta desatada por el Gobierno nacional.
Facundo Gómez es vendedor de café y al momento de su detención, hablaba por teléfono con su mamá. Le adjudican los delitos de "intimidación pública" y "atentado contra la autoridad". Su familia afirma que dichas imputaciones son "por haber saltado una valla".
"Las características concretas que se le endilgaron a Gómez no poseen conexión con el tenor de las medidas de prueba actualmente en curso, de manera que quepa presumir su posibilidad de entorpecer el normal desarrollo de la instrucción en lo que sigue", sostuvo Irurzun. Además, destacó que carece de antecedentes penales y de otras investigaciones o declaraciones de rebeldía.
"La libertad debe concederse", determinó Boico, que hizo un breve recorrido por el desarrollo de la causa y las inconsistencias en el proceso judicial que llevó a la detención de 33 personas. "La causa se origina en el marco de una protesta social, que de suyo reclama incorporar a la valoración conjunta del caso el tópico constitucional involucrado, esto es, el ejercicio del derecho previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional", apuntó y señaló que "un encarcelamiento preventivo en este contexto específico y sin que se avizore la expectativa de una eventual condena de ejecución efectiva podría re-significar la medida hacia otra totalmente ajena a la gobernada por la ley procesal y la Constitución".
"Es el Poder Judicial de la Nación quien debe velar por el respeto irrestricto de los derechos de las personas, todas, e incluso compatibilizarlos adecuadamente cuando pareciera que varios de ellos colisionan", cerró Boico su argumentación.
Farah, por su parte, votó en soledad bajo el argumento de que durante la jornada de aquel 12 de junio hubo "múltiples daños y agresiones consumadas por un grupo de personas" y de que "existe una razonable conexión entre las particularidades de los eventos", por lo que aún resta "identificar y dar con el paradero del resto de los agresores"; según relata El Destape.
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