El sector de la discapacidad volvió a marchar en rechazo a la desregulación de las prestaciones

Este miércoles 29 de mayo, personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones realizan un paro de actividades en la provincia, en el marco de una jornada nacional de lucha. En la capital cordobesa, la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) concentró en la esquina de Colón y General Paz para denunciar la "emergencia" en el sector y expresar su oposición a la "desregulación del nomenclador" que promueve el Gobierno Nacional.

La movilización concluyó en la sede cordobesa de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, sita en 9 de Julio 360. La medida de fuerza se replicó en todo el país. En Buenos Aires, hubo una concentración frente a la Quinta de Olivos.

"Ante el proyecto de decreto presentado por la Agencia Nacional de Discapacidad, que pretende desregular el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, como colectivo de personas con discapacidad, familias, trabajadores de inclusión independientes e instituciones manifestamos para expresar nuestro más enérgico rechazo al mismo", expresa el comunicado de invitación a la concentración cordobesa.

"Entendemos que esta desregulación destruiría el principio de universalidad y el de igualdad de acceso a las prestaciones que llevó tantos años de trabajo y esfuerzo poder construir y que hoy se adecua a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para nuestra patria", completan.

En rigor, este Decreto establece que cada financiador (PAMI, Incluir Salud y la Superintendencia de Servicios de Salud) podría fijar los aranceles de manera no vinculante entre sí y arbitraria e instauraría una práctica discriminativa supeditada a los valores que sus coberturas médicas establezcan. Esta situación, advierten, ya se viene sufriendo en Córdoba, ya que Apross no está alcanzado por este nomenclador.

Consultado por La Nueva Mañana, Federico Galíndez, profesional de la Fundación Bonino, que integra la Federación Converger, uno de los espacios convocantes, detalló lo siguiente, respecto al conflicto puntual que deriva en la manifestación del 29 de mayo: "Existe un nomenclador regulado por la ley 24901 que dice cuáles son las prestaciones que la ley ampara como tratamiento para personas con discapacidad. El valor que se paga por esas prestaciones y tratamientos lo establece el directorio del sistema único, presidido por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo que propone este decreto del Gobierno es desregularlo para que cada financiador decida cuánto va a pagar".

Alerta que si este decreto finalmente es impuesto, por una misma prestación el PAMI podría pagar un determinado valor, mientras que Incluir Salud podría pagar diferente y otro valor podría aplicar también la Superintendencia de Servicios de Salud.

"Si se desregula, bajarán los aranceles o los podrían congelar. Con eso, sería insostenible para los prestadores o podrían ir sólo con el financiador que mejor pague. Incluso algunas personas con discapacidad podrían llegar a quedar sin tratamiento", advirtió.

Asimismo, graficó que con esta desregulación del nomenclador se profundizaría una situación grave, con una pérdida del 123% en los aranceles en los últimos siete años y una pérdida del 45%, de diciembre a mayo último.

Y concluyó: "Las instituciones, tanto los hogares, centros de día, centros terapéuticos, hacemos malabares para cubrir los costos. En este contexto, que aparezca este decreto es alarmante. Podría generar que haya personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera o de cuarta, según su sistema de cobertura. De esta manera, están transformando, rompiendo y socavando el sistema que antes era universal e igualitario, como dice la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley que rige en todo el país".