Discapacidad: una marcha cuestionó el proyecto del Gobierno para desregular las prestaciones
En la fría tarde de este martes, personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones se movilizaron por el centro de la ciudad, en el marco de una convocatoria que se replicó a lo largo y a lo ancho del país.
En la fría tarde de este martes, personas con discapacidad, familias, prestadores, transportistas e instituciones se movilizaron por el centro de la ciudad para visibilizar la situación de emergencia que atraviesa el sector; en el marco de una convocatoria que se replicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras capitales del país, y también en otras localidades de la provincia, como Río Cuarto y Villa Allende.
La convocatoria en Córdoba partió de la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y contó con el acompañamiento de la Federación Converger, y los colegios de Psicólogos y Psicopedagogos, respectivamente.
"Pudimos visibilizar la crítica situación que estamos atravesando", expresó a La Nueva Mañana, Federico Galíndez, miembro de la ATI, quien adelantó que este tipo de iniciativas se seguirán sosteniendo, para que la comunidad pueda estar al tanto del impacto negativo de los ajustes y se involucre en los reclamos.
Las consignas principales de la movilización fueron la demanda de una "declaración de emergencia en discapacidad", el rechazo del "decreto que pretende eliminar la adhesión al nomenclador de las obras sociales" y la denuncia de "un sistema que precariza y excluye".
En un documento previo a la marcha, se subrayó la necesidad de "poner en agenda más que nunca al Colectivo de Personas con Discapacidad y sus prestadores que está en estado de EMERGENCIA" y en particular se cuestionó el proyecto de decreto del Gobierno Nacional que apunta a desregular el sistema de prestaciones.
"Al desregularse los valores del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, los valores que dicte el Directorio del Sistema sólo serán orientadores y cada ente financiador (Pami, Incluir Salud y Superintendencia de Salud) tendría aranceles establecidos individualmente y seguramente diferenciados, lo que sabemos que se traducirá en mayor desigualdad; por ende, peores condiciones de cobertura para afiliados/as/es y beneficiarios y aún más precarización y devaluación del trabajo profesional", advierte el citado texto.
A su vez, el sector alerta que el decreto planteado por la gestión de Javier Milei partirá "desde una desigualdad estructural entre Pami, Incluir Salud u Obras sociales sindicales y prepagas", desprotegiendo a las personas más vulnerables y a los trabajadores independientes, dejando "en manos de cada financiador establecer sus valores de las prestaciones del nomenclador".
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