En la votación en particular, por mayoría la Cámara de Diputados aprobó el impulso del polémico Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece beneficios e incentivos tributarios para inversiones en proyectos de más de 200 millones de dólares.

Este Régimen contempla la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso de bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos.

A través de una columna de opinión, publicada en Perfil, Elio Del Ré, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), cuestionó que "sin hacer ruido, el gobierno nacional que preside Javier Milei incorporó" este Régimen "les permite a los beneficiarios disponer libremente del 20% de las divisas generadas por sus exportaciones al cabo del primer año, del 40% al segundo año y del 100% a partir del tercero".

Del Ré preside una entidad que, según detalla, nuclea a más de 20 mil empresas y pymes en todo el país, que emplean de manera directa a más de 300 mil argentinos y llega al millón de empleados de modo indirecto.

Desde ese lugar, planteó que con el RIGI "los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes".

Además, subrayó que "el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local".

"Durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años, las empresas que ingresen al régimen no pagarán ningún tipo de impuesto, tanto de lo que compran en el exterior así como también de lo que exportan, configurando una sumatoria de beneficios extraordinarios frente a aquellas compañías que ya realizaron inversiones", apuntó a continuación, evidenciando otro signo de inequidad de este Régimen.

Y continuó: "Alertamos también que los generosos beneficios fiscales y normativos establecidos, no están acompañados de obligaciones por parte de los beneficiarios que generen derrames sobre el sistema productivo en su conjunto, atentando también sobre la sostenibilidad macroeconómica del país".

Advirtió finalmente que la imposición del RIGI ocurre en un contexto en el que cae la actividad productiva, con el peor registro en ocho años, sólo superado por los cuatro meses más duros de la pandemia del 2020.