Más renuncias: se fue de Cancillería el director de Control y Fiscalización Pesquera
Julián Suárez tenía a cargo un área clave a la hora de perseguir la pesca ilegal en el Mar Argentino. Según medios porteños, el ahora ex funcionario denunció presiones de un sobrino de Diana Mondino, que también se desenvuelve en el Palacio San Martín.
Este martes se conoció una nueva renuncia en el Gobierno, esta vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que conduce Diana Mondino. Se trata de Julián Suárez, el director de Control y Fiscalización Pesquera. El funcionario denunció presiones de la propia canciller -según lo reflejan medios porteños- a través de su sobrino, Pablo Ferrara, que también se desenvuelve en el ámbito del Palacio San Martín. Lo grave es que tales "presiones" surgieron a partir de que el funcionario saliente ordenó un procedimiento contra una empresa pesquera china, que realizaba actividades ilegales en el Mar Argentino.
Según publicó La Política OnLine, citando a la Revista Puerto, la Cancillería cuestionó a Suárez, a través de Ferrara, su decisión de "hacer volver el barco a puerto por ejercer actividades de pesca ilegal con la captura de 142 toneladas de merluza negra".
Renuncias recientes
La renuncia conocida este martes, se suma a las dos últimas, producidas el lunes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete y en el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
Dentro del área que dirige el jefe de Gabinete Nicolás Posse, Armando Guibert, dejó el cargo de secretario de Transformación del Estado, tras el escándalo por el aumento de 48% en los sueldos del Presidente y funcionarios de su Gabinete, aunque la semana pasada, y oficialmente por la misma razón, fue echado el secretario de Trabajo, Omar Yasín.
En el caso del Renaper, quien abandonó su cargo de directora de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas fue Geraldine Calvella, cuya designación, que data de diciembre, fue centro de fuertes críticas por la alta responsabilidad que se le asignó, cuando no cuenta con experiencia suficiente ni conocimientos para ejercer la función.
Con una remuneración de alrededor de 3 millones de pesos, Calvella, una estudiante de Derecho de 23 años, presentó el pasado lunes la renuncia tras el escándalo que generó su designación.
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