Comenzó la movilización contra el ajuste de Milei: "Al final la casta era el pueblo"

Movimientos populares y organizaciones sociales comenzaron a concentrarse esta tarde en el centro porteño para marchar hacia Plaza de Mayo "contra el ajuste económico" del gobierno de Javier Milei y en lo que será la primera prueba para el protocolo de orden público del Ministerio de Seguridad nacional.

Según el cambio de recorrido anticipado por los organizadores, los manifestantes se concentraban en Diagonal Sur y avenida Belgrano, y en Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo.

Esta mañana se viralizaron videos donde las fuerzas de seguridad subieron a distintos transportes públicos filmando a los pasajeros y pasajeras. Además, en su avanzada por cercenar el derecho a la protesta, el Gobierno comenzó a difundir por altavoz en estaciones de transporte mensajes grabados del Ministerio de Seguridad y de Capital Humano, informando que quiénes participen de movilizaciones perderán sus planes sociales.

Aún así, la gente comenzó a congregarse alrededor de las 14.30 en las inmediaciones de los dos puntos de encuentro pactados recibieron las primeras advertencias de parte de los efectivos policiales de subir a las veredas y despejar las calles, lo cual estaban acatando.

"Vamos a garantizar que hoy marchemos a Plaza de Mayo y vamos a movilizar por las calles que es por donde se moviliza la gente en todas las protestas del mundo ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas, si no?", reafirmó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, al llegar esta tarde a la estación Constitución junto a otros referentes de su espacio y legisladores.

Desde el mismo lugar, rodeado de un fuerte despliegue policial, el diputado nacional de izquierda Nicolás del Caño dijo: "Vamos a manifestarnos porque no estamos en estado de sitio, este protocolo es inconstitucional, contrario al derecho a la protesta, un derecho elemental y fundante porque permite conquistar otros tantos derechos para trabajadores, la juventud y las mujeres además de visibilizar cuando un derecho no se está cumpliendo".

El diputado porteño de izquierda Gabriel Solano pidió que "la policía deje que se haga esta movilización que va a ser pacífica, esto no es una guerra", al tiempo que remarcó la fuerte presencia policial vista en los distintos accesos de la ciudad de Buenos Aires y estaciones de trenes y denunció que "efectivos de la policía filmaban dentro de colectivos a los pasajeros".

"Hemos hecho un gesto importante de ir a las diagonales para estar cerca de la Plaza de Mayo y garantizar que el acto se realice para leer un documento acordado con más de 100 organizaciones", destacó.

El mismo Solano le pidió a la gente subir a la vereda durante la manifestación, luego que efectivos de seguridad comenzaran a amenazar a los manifestantes. El momento fue registrado y se viralizó en las redes sociales:

Los organizadores de la movilización informaron el cambio de recorrido "con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el Gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich" y decidieron suspender "la salida de Congreso y que la movilización salga de dos puntos a las 16: la cabecera central, de Diagonal Sur y avenida Belgrano, y la otra cabecera, de Florida y Diagonal Norte".

Una vez en Plaza de Mayo se realizará un acto donde se leerá un documento acordado por organizaciones populares, piqueteras, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, precisaron.

En un principio las columnas iban a partir desde el Congreso y el Obelisco, pero hubo cambios de último momento para garantizar que se permita llevar adelante la marcha, llegar a la Plaza de Mayo y evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad.

Para "frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI" y "defender el derecho a la protesta", es la consigna de la marcha que protagonizaban los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

"El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes", sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer ayer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.

Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de "inconstitucional" y bregaron por "la defensa del derecho a la protesta".

En un encuentro que tuvieron ayer con la prensa, varios dirigentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que "ante cualquier hecho represivo que ocurriese mañana (por hoy) llame a un paro nacional activo".

La campaña antipiquete de Bullrich

La puesta en vigencia del protocolo antipiquete establecido a través de la Resolución 943/2023 publicada el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial fue ratificada este miércoles por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, a través de la red social X (antes Twitter) celebró una decisión judicial que en las últimas horas rechazó un hábeas corpus colectivo que había sido presentado por el Servicio de Paz y Justicia, cuyo referente es el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras organizaciones.

La ministra de Seguridad de la Nación se encontraba monitoreando desde un centro de operaciones todo el operativo de las fuerzas policiales, según pudo verse en un video difundido por su cartera.

"¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!", destacó la funcionaria esta madrugada, quien remarcó que así "lo resolvió la Justicia" y sostuvo que "solo quienes ignoran la ley viven fuera de ella podían pensar lo contrario".

De esta forma, Bullrich hizo referencia a una decisión adoptada por el juez de instrucción Gustavo Pierretti, quien rechazó el hábeas corpus preventivo y colectivo con el que se había pedido que se dejara sin efecto el protocolo dispuesto por el Gobierno nacional.