A pocas semanas del balotaje y en medio de especulaciones sobre la postura del gobernador de Córdoba de cara a la definición presidencial, Juan Schiaretti habló a través de las redes sociales y se refirió a la iniciativa que busca llevar a juicio a los integrantes e la Corte Suprema de Justicia. 

"Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa", indicó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

"A los 40 años de democracia, también la fortalecemos con más República, respetando la división de poderes. Si queremos un país normal empecemos por dejar de lado actitudes feudales que atropellan las instituciones", disparó Schiaretti.

El pronunciamiento de Schiaretti se conoce mientras dilata confirmar si apoyará a Javier Milei o a Massa en el balotaje del 19 de noviembre.

A pesar de las críticas hacia el candidato de Unión por la Patria, el gobernador no se expresó en apoyo al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Schiaretti se encuentra, junto a una comitiva que también integra el intendente capitalino y gobernador electo, Martín Llaryora, en una gira que se inició en Arabia Saudita, continuando por España y que finalizará el próximo lunes cuando regresen a Córdoba.

El rechazo de la Corte

Los dichos del gobernador de Córdoba, se dan luego que los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz,< rechazaran también el juicio político en su contra y advirtieron sobre la posibilidad de que el proceso afecte la independencia judicial.

Presidente y vice del máximo tribunal enviaron, a la par, cartas a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para cuestionar la investigación que los tiene en la mira por varias causales y que terminó de detonar la relación entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial.

Rosatti advirtió que las acusaciones que se les hacen tienen la singularidad de estar unidas por la "disconformidad con el contenido de las sentencias".

En la misiva de descargo, el santafesino recordó que la Corte Suprema accedió a responder los pedidos de informes realizados por la Comisión presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, aportó 75 cuerpos de documentación y "prestó la más amplia colaboración frente a los particulares pedidos".

"Todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal", remarcó el también presidente del Consejo de la Magistratura.

De todos modos, no dejó de marcar que, a su entender, varios "vicios afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio", por lo que "vician la validez y eficacia del proceso".

En ese sentido, Rosatti mencionó que la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja produjo pruebas sin la previa intervención de un juez; se "requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal"; "se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal"; y "se sometió a los testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente".

Por ello, consideró que el proceso es "un evidente intento de condicionar la resolución de causas en trámite" y alertó sobre la dificultad de ejercer el derecho de defensa: "Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión".

"El proceso se ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró", remarcó.

Y agregó: "Es evidente que este tipo de acusaciones conllevan una presión indebida sobre los jueces del Tribunal y un intento de condicionar sus futuras decisiones".

"Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite", continuó.

Ante ese análisis, subrayó que "corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones".