Abuso grupal en Palermo: la querella pidió 20 años de cárcel para imputados

Los abogados de la joven que en febrero de 2022 fue víctima de una violación grupal en el barrio porteño de Palermo solicitaron este viernes la pena de 20 años de cárcel para cinco de los seis detenidos que están siendo juzgados como presuntos autores por el hecho.

El pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal 14 de la Capital Federal fue formulado esta mañana en su alegato por los abogados querellantes Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro, quienes consideraron a seis acusados autores o partícipes necesarios de un "abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas" y pidieron para cinco de ellos, el máximo de la pena para ese delito.

El pedido de pena máxima recayó sobre Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Franco Jesús Lykan (24) -ellos tres como coautores-, Thomas Fabián "TH" Domínguez (23) y Alexis Steven Cuzzoni (21) -estos dos últimos como partícipes necesarios-.

En el caso de Ignacio Retondo (24), el abogado Figueroa solo lo consideró un "partícipe" pero no necesario del hecho, con lo que la escala penal en su caso, se reduce.

Además, la querella de la víctima -que al momento del hecho tenía 21 años- pidió que se investigue por "falso testimonio" a la testigo de la defensa Paloma Carricaburu, al considerar que mintió al declarar en el juicio que vio a la chica consumir de manera voluntaria éxtasis junto a uno de los acusados, algo que no había dicho en su declaración de instrucción.

Tal como sucedió desde que el 28 de agosto comenzó el juicio, la jornada ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri se desarrollaba a puertas cerradas -ya que se trata de un delito sexual de instancia privada-, en el edificio judicial de la calle Lavalle 1.171, con la presencia de los seis imputados que actualmente cumplen prisión preventiva en la sala del tribunal, pero con la mayoría de las partes conectadas a través de la plataforma Zoom.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de noviembre, donde tendrá la posibilidad de alegar el fiscal Fernando Klappenbach y la otra querella del abogado Marino Cid Aparicio, quien representa a Natalia Concepción Duarte Godoy y Orlando Jesús Ibarra, los panaderos que se acercaron al vehículo donde se cometía el abuso para ayudar a la víctima, en el marco de una causa por presuntas amenazas de cinco de los acusados hacia los comerciantes, que en su momento fue anexada al expediente principal.

Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron que el letrado delegará el alegato en el que realizará la próxima audiencia el fiscal Klappenbach. Según el cronograma notificado por el TOC 14, los alegatos del juicio seguirán el 10, 24 y 28 de noviembre y 5 de diciembre.

El 1 de septiembre pasado, la víctima declaró en el juicio y afirmó que no recordaba nada del episodio, que "le arruinaron la vida", que tuvo que dejar sus estudios en la carrera de ingeniería de sistemas y cambiarse de sector en su trabajo, donde antes hacía atención al público, y dejó en claro que nunca dio el consentimiento para tener relaciones sexuales con los imputados.

"Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre, no es mi inclinación sexual", agregó la joven al descartar, tal como ya lo había hecho en su declaración durante la instrucción, que las relaciones sexuales que tuvo con algunos de los imputados hayan sido consensuadas.

El martes pasado, en la última audiencia del juicio, uno de los principales acusados, Ramos, dijo que tuvo con la víctima una relación sexual "mutua y consentida" y consideró que el "error" fue haber elegido un auto estacionado para tener sexo.

En tanto, en otra jornada, otro de los imputados, Ciongo Pasotti, dueño del auto donde ocurrió el tramo final del abuso, declaró que solamente se besaron con la víctima, que él no se sacó la ropa y que a quien sí vio tener relaciones con la chica dentro de su vehículo es a Ramos.

La clave de este debate está centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una "coautoría funcional" con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.

Fuente: Télam