Organismos de derechos humanos repudiaron la cesión al club River Plate del campo de deportes que perteneció a la ESMA y que se utilizó durante la última dictadura cívico militar para incinerar los cuerpos de los detenidos que fueron asesinados en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en esa unidad de la Armada, y además reclamaron que se dé marcha atrás con esa decisión.

Los organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia expresaron en un comunicado conjunto su "más absoluto repudio" frente a la reciente cesión a River de un predio perteneciente a la Armada argentina a fin de instalar allí "un centro deportivo juvenil de alto rendimiento".

Dicha cesión, bajo la figura de permiso precario de uso gratuito, se formalizó el lunes pasado a través de un convenio firmado entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el CARP luego de que en diciembre la institución informara al juez federal Ariel Lijo - quien lleva adelante actualmente la megacausa ESMA- el pedido del club del permiso de uso y de que esa autorización se diera hacia finales de mayo de este año.

Sin embargo, el juzgado de Lijo dispuso que, antes de el club haga reformas sobre el terreno, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) debe analizar el lugar con "excavaciones controladas, sistemáticas y exhaustivas" con el objeto de "proceder a la búsqueda de inhumaciones clandestinas presuntamente acaecidas durante el período 1976-1983".

En tanto, los organismos de derechos humanos firmantes denunciaron que "a cambio River construiría un centro de entrenamiento para marinos en un terreno situado en Vicente López, lo que complementaría dicha medida con un canje manifiestamente espurio".

Asimismo, expresaron que el motivo de su "visceral rechazo" es que durante la última dictadura cívico militar ese mismo predio de más de siete hectáreas ubicado a orillas del Río de la Plata, era "utilizado por los represores para incinerar los cuerpos de compañeras y compañeros asesinados en la ESMA".

"Como por ejemplo ocurrió en el caso del reconocido periodista, escritor y militante Rodolfo Walsh. 'Asaditos', llamaban cínicamente los genocidas a lo que fueron delitos de lesa humanidad", remarcaron.

Por lo expuesto, los organismos exigieron "la inmediata vuelta atrás de semejante atropello" y propusieron que el predio sea considerado "sitio de prueba y luego sitio de memoria".

"De ninguna manera aceptamos que las nuevas generaciones crezcan, ni física ni ideológicamente, sobre la base del negacionismo del genocidio sufrido por nuestro pueblo", completaron.

El comunicado fue firmado por la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADEP), el Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); el Comité de Acción Jurídica (CAJ); el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh); la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), HIJOS Zona Oeste, entre otros.

"Reclamamos que se dé marcha atrás con la cesión y que el predio siga teniendo la calificación de no innovar y sea declarado sitio de memoria", reforzó hoy la AEDD también desde su cuenta de Twitter.

Y argumentó: "Está probado en los juicios a los represores del grupo de tareas que en ese predio se cremaban los cuerpos de los compañeros y compañeros fallecidos en la tortura o llegados muertos a la ESMA. Hay testimonios de oficiales, suboficiales y conscriptos que lo afirman".

Fuente: Télam