Los interbloques de diputados y senadores del Frente de Todos repudiaron el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio por la causa Vialidad.

Además, manifestaron su "solidaridad" con la vicepresidenta y reiteraron sus críticas a los magistrados, a quiénes acusaron de formar parte de la "mafia judicial".

En una rueda de prensa que ofrecieron en el Salón Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, los legisladores oficialistas cuestionaron fuertemente la sentencia del tribunal que condenó ayer a la vicepresidenta y el "intento de proscripción", y además denunciaron la "gravedad institucional" de las revelaciones del viaje a Lago Escondido que hicieron en octubre un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un ex agente de Inteligencia.

Pidieron "audiencia urgente" a Rosatti

En la oportunidad, los legisladores coincidieron además en denunciar la "parálisis" del Consejo de la Magistratura y anunciaron que pidieron una audiencia "urgente" al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, "para que arbitre los medios necesarios para completar la conformación del Consejo de la Magistratura".

En primer lugar, el jefe de la bancada del FdT en Diputados, German Martínez, repudió el "fallo escandaloso" contra la expresidenta en la causa Vialidad y luego denunció "la gravedad de todos estos hechos que giran alrededor de este viaje a Lago Escondido, y toda esta red de complicidades y comportamientos mafiosos que intentaron, primero, esconder los hechos, después tergiversarlos, y esconder los distintos delitos incluso a través de facturas truchas".

De esa manera, hizo referencia a la difusión del contenido de chats entre funcionarios porteños, jueces y directivos del Grupo Clarín para diseñar una maniobra de encubrimiento de un viaje a Bariloche donde se alojaron en la propiedades administradas por el empresario extranjero Joe Lewis en la zona de Lago Escondido.

Al hacer referencia al fallo contra la Vicepresidenta, la senadora y jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, sostuvo que el de ayer "no es un fallo sino una decisión política de un tribunal político que es parte de una mafia judicial que tiene la República Argentina y que afecta al pueblo argentino, a todos y todas, y al futuro de la Argentina".

"La Argentina no puede tener un país en serio con una mafia judicial", aseguró Di Tullio, al expresar su "extrema preocupación" por la situación y señaló que "ninguno de los jueces y juezas del Poder Judicial han atravesado lo mismo que atravesamos tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo", al hacer referencia a la elección popular de cargos electivos, a diferencia de lo que ocurre en el Poder Judicial.

Di Tullio enfatizó: "No existe más en nuestro país el Poder Judicial de la Nación", al afirmar que "fue reemplazado por una verdadera mafia judicial, que es empleada por los poderes económicos más grandes que tiene nuestro país".

En tanto, la senadora manifestó que "a partir de ayer la agenda de Cristina no parece ser la agenda judicial. Toda la sociedad argentina va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos", y agregó que el hecho es de "gravedad institucional, que no es inusitada".

Asimismo, Di Tullio planteó que el Poder Judicial y Juntos por el Cambio "tienen las mismas ideas y persiguen el mismo diseño de país, que es al que le sobra la mitad de los argentinos y argentinas, y al que intentan disciplinar", a la vez que advirtió que, por ese motivo, van contra "la única dirigenta de este país capaz de enfrentarse" a esos sectores.

"Es una situación de gravedad institucional"

Por su parte, la senadora nacional Lucía Corpacci sostuvo que se trata de "una situación de gravedad institucional extrema el fallo de ayer" que -según dijo- "hace pensar la situación del Poder Judicial que tenemos" y dijo que ese hecho "me asusta como ciudadana y como política", al considerar que la causa Vialidad "fue traída por la ventana".

Para la diputada nacional Vanesa Siley, una de las consejeras designadas por el oficialismo que todavía no asumió a raíz de la decisión de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de suspender los nombramientos enviados en noviembre pasado, "el comportamiento mafioso necesita de oscuridad y sombras".

Según la legisladora, el Consejo de la Magistratura "es un órgano fundamental de la Nación" y cuestionó el fallo de la Corte Suprema de 2021 cuando declaró inconstitucional la ley de 2006 que regía su composición.

Recordó que durante 2022, desde que Rosatti asumió la conducción del Consejo de la Magistratura, "solamente dos reuniones plenarias tuvimos", mientras en 2020, año de la pandemia, hubo 20, a la vez que denunció que "con la excusa de no votar" a los reemplazos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi "se llevaron puestos" a los candidatos a cubrir vacantes en fueros civil y de familia.

"El silencio es igual a permitir que siga esta mafia", aseveró Siley, quien pidió a "los funcionarios judiciales de bien que salgan a pronunciarse sobre este tema. Si no lo hacen es ser cómplices. Miedo nunca, miedo jamás a esta gente, y nosotros siempre del lado de la luz y la transparencia, y con la Constitución en la mano".

Finalmente, y ante consultas periodísticas sobre los pasos a seguir tras el fallo contra la vicepresidenta, los legisladores evitaron adelantar eventuales medidas para respaldar a la Vicepresidenta y la propia Di Tullio: aclaró: "En general nuestra práctica es nunca adelantar las jugadas".

Fuente: Télam

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