Ezequiel Castro camina junto a sus hermanos por una de las calles de barrio Cerro Norte, en Córdoba. Hace poco este es su nuevo barrio, se mudaron todos desde Talleres Oeste. Vienen de la escuela. Ezequiel es el segundo de siete hermanos, tiene 21 años y es el encargado de buscarlos. Es el miércoles 8 de junio de 2022, aún no llegó el invierno pero el frío aprieta y al día siguiente Castro tendrá que trabajar en la constructora antes de ir al colegio San Martín de Villa Allende, para terminar el secundario. 

Son las 11 de la noche y alguien toca la puerta de la casa donde vive con su mamá Lorena y sus hermanos. Guillermo, su papá, está de viaje y va a llegar el sábado. El que toca la puerta es un amigo de Ezequiel. Salen juntos a tomar una coca a una cuadra y media de su casa. A menos de 300 metros, y en pocos minutos, ocurre todo. “Se están llevando detenido a Ezequiel”, le dice su amigo a Lorena, que corre los 300 metros que la separan de su hijo. De su hijo que estaba tomando una Coca con un amigo y ahora está en un móvil de la Policía de Córdoba. Ezequiel se va a la comisaría 46 y a Lorena nadie le da explicaciones. 

“Hemos podido tener acceso a ciertos videos que son del día donde a Ezequiel lo detienen, del momento en que llega el móvil a la comisaria y a él lo bajan y lo ingresan al móvil de la CAP. Ezequiel obviamente estaba muy alterado y ahí vemos cómo los oficiales esperan 45 minutos hasta que vienen los bomberos de DUAR y con sogas lo terminan atando”, dic e a La Nueva Mañana Giselle Videla, la abogada de la familia.

Ya es el jueves 9 de junio. Lorena no sabe dónde está Ezequiel. Llama a Tribunales y le dicen que lo llevaron al Viejo Hospital San Roque. Pero otra llamada confirma que no está ahí. De nuevo Tribunales, le dicen que está en el Centro de Recepción de Personas Aprehendidas. Ahí tampoco está. Ahora es viernes 10, y Lorena lleva más de 24 horas sin saber dónde está Ezequiel. Vuelve a llamar, le dicen que está en el Centro Psicoasistencial (CPA). La fiscal Silvana Fernández ordena su liberación, pero los encargados del CPA deciden mantenerlo internado.

Lorena no sabe y tampoco puede verlo. Llega el lunes 12, son las dos de la mañana, y la Policía les confirma que Ezequiel está internado, grave, en el Hospital Misericordia. Los médicos les dicen que había sido ingresado por la Policía de Córdoba. “Cuando yo hablo con el médico me dice que ingresó con 25 golpes, deshidratado y con somnolencia, que alcanzó a hablar con ellos y les dijo que lo habían golpeado y que hacía dos días que no le daban agua. Esto se complicó”, cuenta Guillermo. Ezequiel murió el 14 de junio por rabdomiólisis, que puede producirse por desgarros o golpes muy fuertes. Los padres no recibieron respuestas ni en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia ni en la Secretaría de Salud Mental. 

La causa, ahora a cargo del fiscal Gerardo Reyes, continúa con secreto de sumario, todavía no tiene imputados y espera por una pericia médica. “Con lo que hemos podido ver en el expediente hay responsabilidad de las fuerzas policiales y la violencia policial está clara. Los protocolos de actuación ante posibles casos de salud mental son inmediatamente comunicarse con una institución de sanidad, que se dirija al lugar para contener a la persona, y si no llevarlo adonde se especialicen en salud mental. En este caso eso no pasó”, dice la abogada. 

Muerte por asfixia en La Falda

A menos de un mes de la muerte de Ezequiel Castro y a 60 kilómetros de Córdoba, Jonathan Romo camina por las calles de La Falda el 10 de julio de 2022. Está transitando un brote psicótico, lo que alteran sus percepciones sobre la realidad, y atraviesa un tratamiento por consumo problemático de sustancias. Algunos vecinos lo ven y llaman a Defensa Civil, pero la que llega es la Policía de Córdoba. En videos, que van a circular después, se ve una detención violenta frente a un hombre que está tranquilo e indefenso. “Cuando ve el móvil, Jonathan se agarra la cabeza, seguramente pensando que lo iban a golpear, porque en diciembre había pasado lo mismo. Ahí lo detienen, y en los videos se ve que lo golpean. Imaginate lo que debe haber sido en la comisaria, donde nadie los veía”, dice ahora Hernán Romo, su hermano.

Jonathan muere a las horas de la detención, en la comisaría. A la familia nadie le avisa y se enteran por la empresa de Emergencias Médicas que intentó reanimarlo. “Yo voy a la comisaria con mi primo, nos atiende el comisario Bracamonte, nos dice que se había resistido y por eso se había descompensado. Después me enteré que era mentira. Yo creo que más que protocolos es un poco de humanidad, porque más allá de que estuviera en el estado que estuviera, no le podían haber pegado como le pegaron, y sin resistirse”, dice su hermano. 

No era la primera vez que Jonathan sufría violencia policial. En diciembre de 2021 se atendía en el Centro de Adicciones del RAAC. En una recaída lo detienen, y lo golpean, por una supuesta denuncia del robo de un teléfono celular, que luego fue desestimada. Su hermano cuenta que pidieron que lo lleven a un Centro de Salud para continuar con su tratamiento, pero fue derivado al Establecimiento Penitenciario Nº 9, a la Unidad de Contención del Aprehendido. “No le permitieron seguir con la medicación y tenía golpes. Al mes y medio se cae la denuncia y él sale en libertad. Su psicóloga me dijo que él sale de otra forma, peor de lo que estaba; como que había sufrido mucho, salió triste. Eso marcó un antes y un después”, cuenta Hernán.

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