El tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce, la socióloga asesinada hace casi 20 años en el country Carmel de Pilar, que debía comenzar esta semana en los Tribunales de San Isidro, quedó postergado porque uno de los tres jueces del tribunal tiene Covid-19, informaron hoy fuentes judiciales.

Si bien estaba previsto que el debate comenzara el miércoles, con el vecino Nicolás Pachelo (45) y dos vigiladores como imputados del homicidio, todas las partes fueron notificadas de que uno de los miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro –integrado por los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin-, tiene coronavirus y por ende, el inicio quedó suspendido.

“Habida cuenta que en el día de la fecha se solicitó licencia médica al Área de Sanidad Departamental, respecto de uno de los integrantes del Tribunal, en razón del resultado positivo de un test para virus Covid Sars-CoV-2, a fin de prevenir la transmisión de la enfermedad, y proteger la salud e integridad de todas las personas involucradas en el servicio de justicia (…), es que deviene imposible dar inicio del debate fijado para el próximo 1 de junio del corriente año, por lo que habrá de postergarse”, señala la notificación a la que accedió Télam.

En la misma notificación, el TOC 4 aclaró que antes de fijar una nueva fecha de inicio para el juicio se realizará una audiencia previa para tratar con las partes cuestiones organizativas relativas al debate.

“Se convocará a las partes oportunamente para establecer las pautas generales, designación del Juicio Oral, forma de participación de los imputados, modo en que se recibirá la prueba testimonial, estimación de la duración de las jornadas, y toda otra cuestión que requiera tratamiento y gestión previa”, dice la resolución.

De esta manera, finalmente fue el Covid-19 y no el pleito que existe entre jueces y fiscales en esta causa lo que demorará el inicio del debate.

Hace unos días, los fiscales que llevarán adelante el juicio recusaron al tribunal por su presunta "pérdida de imparcialidad" y pidieron una serie de nulidades, por lo que se esperaban para estos días definiciones de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de San Isidro o del Tribunal de Casación a esos planteos y una posible suspensión del juicio por estos motivos.

El debate se llevará a cabo en la misma sala del entrepiso de los tribunales de San Isidro, ubicados en la calle Ituzaingó 340, donde ya se hicieron los otros dos juicios por el caso, en 2007 y 2011.

El fiscal general de San Isidro, John Broyad -uno de los cuatro fiscales que participó hace 15 años del primer juicio por el caso-, decidió reforzar el equipo que llevará adelante la acusación y a los tres fiscales que ya estaban designados, que son Andrés Quintana, Matías López Vidal y Federico González, les sumó a uno de sus adjuntos en Fiscalía General, Patricio Ferrari, y a Diego Callegari.

La acusación contra Pachelo (45) y los entonces vigiladores Norberto Glennon (57) y José Ramón Alejandro Ortiz (45) es por "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado", delitos que prevén prisión perpetua.

El único que llega preso es Pachelo, pero no por este caso donde en 2017 fue imputado e indagado en libertad, al igual que los exvigiladores, sino porque desde 2018 cumple prisión preventiva en el marco de otra causa en la que lo detuvieron por una serie de ocho robos y hurtos en countries, y por la que será sometido a un segundo juicio por el mismo TOC 4 una vez culminado el de García Belsunce.

Por primera vez en la historia de la causa, en este juicio, el viudo Carlos Carrascosa (77) actuará como particular damnificado, tras casi 20 años en los que fue imputado, juzgado, condenado primero por encubrimiento y luego a perpetua como autor del homicidio, estar preso entre 2009 a 2015 en un penal y un año más en prisión domiciliaria, recuperar su libertad y ser absuelto de manera definitiva por la Corte Suprema en 2020.

Carrascosa será el primer testigo del debate y después de él desfilarán otros 144 a lo largo de 31 audiencias que se realizarán los lunes, miércoles y viernes hasta el 31 de agosto.

Para los fiscales, aquel 27 de octubre de 2002 María Marta fue ejecutada a balazos cuando sorprendió a ladrones dentro de su casa.

Según su hipótesis, el robo fue el móvil del crimen y está probado por el faltante de un cofre metálico de la asociación benéfica "Amigos del Pilar" donde la víctima era tesorera y que ella guardaba en su casa de Carmel con dinero, tres chequeras y la llave de una caja de seguridad.

La clave de la imputación fue la nueva hora del asesinato fijada por un forense a las 18.30 y que ese día se ubicó a Pachelo en Carmel entre las 17.34 y las 18.59, es decir que se retiró 29 minutos después de cometido el homicidio.