Más de 350 familias de la ciudad de Córdoba podrán regularizar sus inmuebles

La octava sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, dejó entre sus saldos la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de los asentamientos  denominados El Pueblito 2, Los Filtros y 6 de Agosto, al este de la ciudad de Córdoba.

De esta forma, la Provincia podrá avanzar en la urbanización de esos espacios, para posteriormente subdividir y finalizar con la escrituración de los loteos, en beneficio de las 358 familias que habitan allí.

La legisladora Tanya Kyshakevych sostuvo en el recinto que “el mejoramiento del hábitat de las familias vulnerables, la regularización dominial, la urbanización de los asentamientos y su transformación en verdaderos barrios es una política de Estado para el Gobierno de Hacemos por Córdoba”. Y dijo también que “este abordaje integral que se lleva adelante desde la Provincia, es la única manera de poder acompañar el progreso y desarrollo de aquellas familias que menos tienen”.  

“Falta mucho por delante en lo que al déficit habitacional se refiere, pero claramente no estamos mirando para otro lado”, agregó la legisladora, antes de dedicar un mensaje a los vecinos de ese sector de la Capital provincial que estuvieron en el Palacio Legislativo. “Me hace muy feliz contar con su presencia en esta sesión, y así poder decirles que hoy los acompañamos a cumplir un objetivo”, cerró Kyshakevych.

Por su parte, el legislador Leonardo Limia consideró que “es una necesidad importante tomar este tipo de decisiones que nos permiten llegar con políticas públicas a cada barrio de nuestra provincia”. Acerca de las zonas objeto de la aprobación de hoy, que en total suman 26,5 hectáreas, dijo que en ellas “habitan familias que con mucho esfuerzo y dedicación han logrado construir sus hogares. Pero aun así los barrios carecen de servicios que, a partir de esta urbanización, van a poder tener”.

“Que estos proyectos sean un punto de partida para tener barrios con luz, con agua, con calles asfaltadas y, finalmente, con más familias con escrituras y títulos de dueños”, concluyó el legislador.  

A su turno, la legisladora María Elisa Caffaratti manifestó que “ningún programa social, ninguna política pública tiene mayor impacto en la construcción de ciudadanía que la que otorga el derecho sobre la parcela, el derecho a un hábitat digno, el derecho a la ciudad, y que esta política pública posee un múltiple impacto tanto en la salud como en la expectativa de vida, las oportunidades de trabajo, el desarrollo integral de las infancias, la integración social. En definitiva, en el desarrollo integral de las personas y las familias que habitan estos barrios”.  

La totalidad de los bloques, con la abstención de Identidad Peronista y el rechazo del FIT, aprobaron este miércoles el proyecto de declaración referido a la actual situación que atraviesan las empresas productoras de bioetanol, con fuerte presencia en Córdoba.

En este sentido, la Unicameral resolvió solicitar al Ejecutivo Nacional la apertura de “un espacio de debate y trabajo colaborativo con los gobiernos de las provincias afectadas, las empresas productoras, transportistas y otros actores, para encontrar soluciones superadoras en relación al sector productivo de los biocombustibles en virtud de su relevancia económica, social y ambiental”.

Sucede que la regulación de los biocombustibles, establecida por la Ley Nacional N° 27.640, implica una amenaza para el sector del bioetanol de maíz, debido a que la fórmula para el cálculo del precio considera solo las variaciones en el valor de los hidrocarburos, sin tener en cuenta la variación de costos para su producción.

Franco Miranda, uno de los legisladores que impulsaron el proyecto, explicó que “cada litro de bioetanol que se produce implica entre 6 y 8 pesos de pérdida. Por esta razón queremos focalizar nuestro reclamo, para que se agilice la metodología del cálculo del precio al que deben vender las bioetanoleras, y así mejorar sus ingresos y salir de la zona de pérdidas. Luego debemos avanzar en hacia un incremento de porcentaje en el corte”.

“Solicitar el incremento del corte sin una mejor fórmula de precios que incorpore los costos sería muy perjudicial para el sector. Primero debemos reforzar nuestro reclamo para mejorar el precio, para luego incrementar el corte”, señaló Miranda.

Para finalizar, también se llevó al debate un pedido de informes, elevado al Ejecutivo provincial, respecto a presuntos casos de maltrato infantil en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.