Atrapados en la red: la desinformación como parte de nuestro día a día

Especial para La Nueva Mañana

El Consejo Económico y Social (CES) pretende ser un faro en políticas públicas. En un país donde se reinventa todo cada cuatro años, un organismo así genera expectativas y respeto. Gustavo Béliz en el CCK planteó que “las redes son para el bien común”, una expresión de deseo, y un anhelo por redescubrir la Internet como lo que es: un territorio. No opinaron igual las usinas mediáticas que lo acusaron de socavar la libertad de expresión. El debate que pudo generar este anuncio fue cancelado por su forma, y no por su contenido. 

Hace unos años, en pleno debate por la llamada ley de medios (también tildada de atentar contra la libertad de expresión), Feinmann planteó por televisión abierta y en prime time que “‘la verdad’ era la colisión de las verdades”, siempre lúcido José Pablo. Es un pensamiento que bien podríamos traer a esta discusión si se trata de pensar las redes sociales como formadoras de opinión, cuáles son sus alcances y límites. 

Todos somos las redes sociales. Parafraseando el eslogan, el debate planteado por Béliz cayó en saco roto, preso de la coyuntura y errores de oficio. En su lugar, se discutieron las formas y las disculpas soslayadas. Nuevamente lo urgente se impuso a lo importante. Retomando el eje, en esta discusión por la información, las redes sociales y la Internet, Argentina no está sola. Como suele suceder, a veces las cosas se explican por las omisiones. En junio de 2021 nuestro país se incorporó al Pacto por la Información y la Democracia, iniciativa impulsada en 2019 por Reporteros sin Fronteras, fruto de la reunión de la Alianza para el Multilateralismo en el marco del Foro de Paz de París. Este es el estudio pionero del que habló Gustavo, y omitió explicar. 

El Pacto por la Información y la Democracia plantea cuatro objetivos: la transparencia de las plataformas; la metarregulación de la moderación de contenidos; el fomento de la fiabilidad de la información y la problemática de la eliminación de la distinción entre espacio público y privado de los servicios de mensajería privada. Es de remarcar que la criatura tiene padres, y no son improvisados. De hecho, son parte de este pacto Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa Rica, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, India, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, el Líbano, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Senegal, Túnez, Reino Unido y Sudáfrica, países en los que la libertad de expresión no sería un problema, ¿o sí?.

En dos años de pandemia podemos acordar algunas cosas: que las redes sociales no fueron ajenas al tráfico de la desinformación, varias veces poniendo en jaque el sistema sanitario. De hecho, la OMS alertó acerca de la Infodemia, palabra que intenta explicar la sobreinformación (generalmente errada) sobre un tema, también denominada infoxicación, o como la conocemos todos: fake news. La desinformación es parte de nuestro día a día, a veces normalizada, y varias veces atenta contra el bienestar común. ¿Qué haremos ante esto? Si pensamos la información como una infraestructura adquiere más sentido el planteo del CES. Pensemos por un instante que las plantas potabilizadoras de la ciudad de Córdoba se intoxican por agentes naturales o externos, ¿Qué pasaría? ¿Qué nos preocuparía más, tener agua en la canilla o su potabilidad? Es en esta analogía forzada donde podríamos pensar el sentido del “control” de las redes sociales y la información que circula por ellas. 

La palabra control no nos gusta, nos mal predispone, somos sobrevivientes del siglo XX. Pero, a decir verdad, nunca estuvimos tan controlados como ahora. El capitalismo de datos lo sabe muy bien. Nuestros dispositivos digitales, redes sociales, búsquedas, videovigilancia, datos biométricos, y todo lo que implique un logueo o certificación de acceso alimentan la llamada big data. ¿Quién la controla? ¿A quiénes le pertenecen esos datos? Compras, pagos, deseos, búsquedas, quejas, recorridos por la ciudad y en la web demarcan nuestra huella digital, nuestro día a día por la Internet. ¿Nos importa la huella digital? Seguramente pensamos poco en ello, deberíamos reconsiderarlo. 

Aquí entra a jugar el rol del Estado, porque como ciudadanos nos ejercemos en derecho a partir de sus instrumentos. ¿Se deben regular estos procesos en la Internet? ¿A quién le pertenece nuestra huella digital, a nosotros o a los motores de búsqueda? Pensemos en el debate sobre el “derecho al olvido” tras el caso Natalia Denegri, sentando el primer precedente jurídico del país. Cuando pensamos en el control, ¿lo pensamos disociado? Por un lado, el control estatal sobre ciertos procesos digitales (aún no especificados en el proyecto del CES), que seguramente despertaran polémica, porque no nos gusta un Estado auditor; pero si la discusión se enfocara hacia los dueños de nuestras redes sociales y plataformas (Google y Meta, por ejemplo), esa postura seguramente se diluiría por necesidad, desconocimiento u omisión. Y ya que hablamos de control en las redes, pensemos en la censura de contenidos con relación a la guerra de Ucrania. 

Atrapados en la red no es un título que me pertenezca, es el nombre de un seminario del CES acerca de estos temas en julio de 2021, que lamentablemente es el propio ejemplo de cómo la información se segmenta, se anula o se potencia. Si pretendemos una sociedad con instrumentos jurídicos e institucionales capaces de abordar la digitalidad y sus procesos, entonces deberemos empezar por no cancelar ningún debate. A pensar el rol estatal sobre la Internet como un derecho humano (ONU, 2016). A identificar los procesos que en ella se configuran, que afectan nuestro día a día, en un mundo donde cada vez más la conectividad nos integra, segmenta o expulsa. A revisar las normativas vigentes que puedan garantizar el derecho a la conectividad, no solo en acceso a la red sino como un acceso a nuestras propias vidas. 

(*) Doctor por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en espacios públicos y mediatización urbana. INVIHAB-IDH CONICET; Núcleo Inteligencia Artificial, Sociedad y Comunicación, Universidad de Chile; Equipo I-Polis Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

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