El Gobierno destinó hasta la actualidad $ 180.205 millones del Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la Pandemia (ASEP), cifra que representa alrededor del 73% del total recaudado, según informó este lunes el Ministerio de Economía.

Al día de hoy, los recursos provenientes del ASEP representaron alrededor del 40% de lo invertido en la campaña de vacunación del COVID-19, política principal para combatir y superar la crisis de la pandemia", destaca el informe oficial.

Dichas erogaciones permitieron financiar más de la mitad de las dosis adquiridas. "Al contar con este aporte extraordinario se redujeron los tiempos de pago sensiblemente, generando mayor fluidez con los proveedores y logrando una mayor frecuencia de entregas. De esta forma fue posible alcanzar una distribución total de 90,8 millones de dosis, de las cuales se aplicaron a la fecha 73,4 millones. En particular, 37,6 millones de personas iniciaron su esquema de vacunación, 31,8 millones lo completaron, 2,2 millones recibieron una dosis adicional y 1,8 millones recibieron una dosis de refuerzo", detalló el Palacio de Hacienda.

Hasta el viernes pasado, se generaron recursos para el Estado Nacional por $247.503 millones, informó hoy el Ministerio de Economía.

“Se trata de una medida de carácter progresivo. El valor recaudado es aportado por unos 10.000 contribuyentes, el decil de mayores ingresos de la economía”, agregó la cartera que conduce Martín Guzmán a través de un comunicado.

El Aporte Solidario y Extraordinario “fortaleció la posición fiscal de un modo que fue progresivo, pues recayó sobre personas del percentil más alto de riqueza de nuestro país y por el destino de los fondos recaudados”.

Esos ingresos “fueron fundamentales a la hora de afrontar las erogaciones extraordinarias en respuesta al impacto de la segunda ola de la pandemia y para impulsar una recuperación de la economía con inclusión social”.

En cuanto a las políticas implementadas para proteger el empleo, el ASEP recaudó un 54% de los recursos destinados durante el año los programas REPRO 2 y de Asistencia de Emergencia al Trabajo Independiente en Sectores Críticos. Dichos programas fueron 8 herramientas clave para proteger a las PyMEs y a las trabajadoras y los trabajadores más afectados durante la segunda ola de la pandemia. Ambas medidas consistieron en el pago por parte del Estado Nacional de una suma de dinero individual y fija a los trabajadores y las trabajadoras de los sectores productivos más afectados (en el caso del REPRO 2 a cuenta del pago de los salarios).

En el período junio-noviembre, el aporte fue la principal fuente para financiar dichos programas, llegando a representar un 79% de lo invertido. En dicho período, la cobertura del REPRO 2 benefició a más de 625 mil trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, y a más de 35 mil empresas por al menos un mes.

El monto de beneficio mensual promedio por trabajador fue de alrededor de $18.000.

En cuanto al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo Independiente en Sectores Críticos, cubrió a más de 120 mil trabajadoras y trabajadores, con un monto promedio mensual individual de casi $22.000.

En el análisis a nivel sectorial para el período junio-noviembre, los tres sectores que recibieron mayor asistencia a través del REPRO 2 fueron Salud (más de 150 mil empleos cubiertos), Alojamiento y Servicios de comidas (más de 120 mil) y Comercio (más de 70 mil), mientras que la Asistencia al Trabajo Independiente se concentró en el sector de Comercio (más de 65 mil beneficiarios).

Una parte del aporte fue destinada también a reforzar y ampliar el programa de becas Progresar que consiste en una ayuda económica para los y las jóvenes de los sectores más vulnerables, con el propósito de que logren afirmar integralmente sus derechos y fortalecer sus trayectorias educativas, brindando oportunidades para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, continúen en la educación superior o se formen profesionalmente.

Los recursos originados en el aporte se sumaron a un presupuesto inicial que ya reflejaba una priorización del programa por parte del Gobierno Nacional, y permitieron: i) aumentar sustancialmente el monto de las becas; ii) implementar dos convocatorias anuales; iii) más que duplicar la cantidad de becarios/as, alcanzando más de un millón; iv) incorporar más líneas (ampliación Progresar Trabajo y Beca Progresar Egresar); v) incorporar un plus de conectividad de $1.000 para todos/as los/as becarios/as.

La Ley N° 27.605 estableció que los fondos sean destinados a exploración, desarrollo y producción de gas natural, reflejando así los objetivos primordiales del Estado Nacional en 2020 cuando la producción nacional hidrocarburífera se encontraba en declino. Hoy, gracias a la política llevada a cabo por el Estado Nacional en el marco del Plan Gas.Ar, la situación de Argentina es otra, y nuestro país pudo detener la caída.

El Gobierno Nacional inició el proceso para la construcción de la primera etapa del gasoducto Néstor Kirchner y del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, cuya implementación tiene por objeto promover el desarrollo, el crecimiento de la producción y abastecimiento de gas natural; sustituir las importaciones de GNL y de Gas Oíl – Fuel Oíl que se utilizan para abastecer la demanda prioritaria y las centrales de generación térmica respectivamente.

La primera etapa del Sistema Transport.Ar tendrá un costo aproximado de U$D 1.566 millones y generará, cuando esté finalizada, un incremento en la capacidad de transporte de 24 millones de m3 diarios con un ahorro de divisas de U$D 1.450 millones y un ahorro fiscal de U$D 1.060 millones.

Ampliar la red de transporte de Gas Natural, es el destino que otorga mayor beneficio directo a los intereses de la Nación dado el ahorro de divisas y fiscal previsto y, en particular, al desarrollo de la Producción de Gas Natural obstruida por la falta de transporte.

Los ingresos generados por el ASEP le permiten al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) financiar programas destinados a saldar el déficit habitacional y las condiciones precarias de los barrios populares del país. Al cierre de 2021 la inversión total en ambos programas será de alrededor de $20.000 millones.

Fuente: Télam