En un fallo histórico, la Justicia Federal condenó al Estado y a la Policía Federal a resarcir económicamente, con 10 millones de pesos, por "daño moral y psicológico" a dos mujeres, que fueron abusadas sexualmente cuando eran menores de edad a partir de una red de explotación manejada por 6 policías federal y un agente penitenciario entre 2009 y 2011.

"Los altos montos ordenados en esta sentencia para efectuar el resarcimiento no registran antecedentes similares", destacó el Ministerio Público de la Defensa (MPD) que llevó adelante el patrocino de las víctimas. 

La condena indemnizatoria contra el Estado y la Policía Federal fue fijada por la jueza Federal en lo Civil y Comercial 1, Silvina Bracamonte. La sentencia quedó firme al contemplar la situación de vulnerabilidad económica que aún atraviesan las ahora jóvenes que fueron víctimas. En ese sentido, el resarcimiento también debe cubrir los gastos futuros para el tratamiento psicológico.

Otro punto destacable del fallo de la jueza Bracamonte, de acuerdo al pedido de la defensora pública Florencia Plazas, es el otorgamiento a las víctimas de una beca integral de estudios en instituciones públicas para que culminen la educación secundaria y luego la universitaria o terciaria, o cualquier otro curso de formación, según publicó Página 12.

Entre 2009 y 2011, las víctimas atravesaban una situación económica y socioambiental precaria, condición que fue aprovechada por seis agentes de la Policía Federal y uno del Servicio Penitenciaron para inducirlas, bajo amenaza,  a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la fuerza y otros hombres ajenos a la fuerza.

Los abusadores pagaban por mantener las relaciones sexuales, parte de ese dinero quedaba en manos de las menores de edad y otra porción iba a los bolsillos de los policías. Según lo denunciado por las víctimas y que fue confirmado en la sentencia, los policías se valieron del cargo que ocupaban para amenazarlas y utilizaron todos los elementos a su alcance para cometer el delito desde armas de fuego, intercomunicadores hasta los predios mencionados.

Uno de los aspectos que justificó el monto indemnizatorio fue el daño psicológico de las víctimas, que "se detecta consolidado y es irreversible porque comprometió la identidad de las niñas". Además, según la sentencia, esos profesionales en salud mental constataron la “eficacia patógena de la esclavitud sexual en detrimento de la construcción de la identidad de las víctimas, (…) lesionando especialmente el sentimiento que cada una de ellas tiene respecto de su propia valía.”

Cabe destacara que por estos hechos, que ahora dieron lugar a una compensación económica, en el año 2016 seis efectivos de la Policía Federal y un agente del Servicio Penitenciario Federal fueron condenados a penas de entre 7 y 16 años de prisión. 

En esa ocasión el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN) actuó como querellante a favor de las víctimas. Esas condenas fueron confirmadas en 2019 por Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.