Formación en género, requisito excluyente para aspirantes a jueces de Paz
La Junta de Selección y Calificación de Jueces de Paz se reunió de manera presencial para tratar y establecer una agenda de trabajo para lo que queda del año, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López.
En esta reunión, como primera medida, la Junta dispuso por resolución que todos los miembros de la misma, titulares y suplentes, deberán acreditar capacitación en género (Ley Micaela) para poder participar de los distintos concursos que la Junta organice.
A su vez, la resolución generada establece que quienes aspiren a concursar o postularse a cargos de jueces de paz, al inscribirse deberán acreditar haber cursado y aprobado capacitación en género.
También durante el encuentro, los miembros de la Junta trabajaron en la reorganización del proceso de selección de jueces de Paz a desarrollarse este año. Además, decidieron producir un compendio legislativo actualizado y operativo a manera de manual, para apoyo de los jueces de Paz, y de conocimientos para los aspirantes al cargo.
En último término, Julián López comunicó a la Junta la decisión del Gobierno de la Provincia de Córdoba, de fortalecer la infraestructura de la administración de Justicia para aquellos pobladores que no cuentan con un Juez de Primera Instancia, a través de la construcción de diez nuevos edificios de juzgados de Paz. “Jerarquizar la infraestructura es jerarquizar la función”, describió el ministro.
La Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz es el organismo encargado de desarrollar los concursos públicos y abiertos para la selección de jueces de Paz, quienes son las personas que dirimen conflictos en parajes y localidades, constituyéndose en los rostros más cercanos a la Justicia para los pobladores. Está integrada por seis miembros que representan a los tres Poderes del Estado.
Cabe recordar que la ley 27499, llamada Ley Micaela, dispuso la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y Poderes del Estado. Ley a la que la Provincia adhirió en el año 2019 a través de la ley 10628.