El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar este martes en un plenario de comisiones con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, para que el pleno del cuerpo pueda tratar la próxima semana la iniciativa que cambia las mayorías para elegir al Procurador General y establece plazos para su mandato.

El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.

Desde las 19, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debatirá el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones introducidas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.

El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.

El Frente de Todos cuenta con 18 firmas propias en Asuntos Constitucionales, sobre los 35 integrantes de la comisión, por lo que no necesita de aliados para obtener allí el dictamen de mayoría. En la de Justicia reúne a 15 de sus 31 integrantes, por lo que el aporte de Ramón le permite llegar a las 16 firmas para imponerse a un eventual dictamen de rechazo de los 14 legisladores de Juntos por el Cambio y de Camaño.

En tanto, los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que integran las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales decidieron asistir hoy al plenario de comisiones. Los diputados opositores dijeron que irán "para poder firmar un dictamen de minoría" y reiterar su rechazo al tratamiento de la iniciativa.

A través de un comunicado, la principal alianza opositora decidió rechazar el proyecto que impulsa el Gobierno, al advertir que "su tratamiento no es urgente y no responde a las verdaderas necesidades de los argentinos que sufren la inflación, la falta de vacunas, la pobreza y el desempleo".

"Sin fiscales independientes sólo se puede esperar falta de libertad y persecución a cualquiera que piense distinto. Lo rechazamos porque una vez más quieren manejar la Justicia para garantizar la impunidad en causas que nunca pudieron explicar. Todos podemos dejar de ser libres con esta ley", concluyó el comunicado emitido por la Mesa Nacional de JxC ante el impulso que el oficialismo le dio al tema en los últimos días.

En rechazo a los argumentos de JxC, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, lo defendió al asegurar que "busca dar institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial", como es el Procurador, al tiempo que expresó que espera que la oposición "participe del debate".

"Nosotros no nos estamos queriendo llevar puesto a nadie; lo que queremos es darle institucionalidad a una figura muy importante para la independencia del Poder Judicial", dijo el pampeano en declaraciones periodísticas, y agregó que, en ese último punto, "coincide" con el planteo de Juntos por el Cambio.

Por el resto de los espacios, el diputado Ramón confirmó su respaldo al proyecto al considerar que los cambios "apuntan a poner en una situación de transparencia, de más rendición de cuentas y más presupuesto" a ese órgano. También cuestionó el rechazo que ya adelantó JxC, al remarcar que "ellos están encontrando en esto una herramienta de pelea porque quieren que el Procurador interino (Eduardo) Casal se quede en el cargo".

Desde Consenso Federal, en tanto, expresaron a través de un comunicado: "Tal como declaramos públicamente en su oportunidad, no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, las escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo".

El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo de cinco años -reelegible por única vez- a la vigencia del mandato del procurador general de la Nación.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, modificaciones que fueron propuestas por el ministro Soria.

Fuente: Télam

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