Piden que los recursos naturales no sean garantía de operaciones de crédito
Con esta propuesta, impulsada desde la bancada del FdT, el contenido y lo producido por los recursos naturales resultaría inembargable, "protegiendo la soberanía jurisdiccional y legislativa".
La vicepresidenta del bloque de Diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau, presentó un proyecto de ley para que los recursos naturales no puedan constituir garantía directa o indirecta de las operaciones de crédito público que concretare el Estado nacional, provincial o municipal.
La legisladora oficialista señaló que "con esta normativa, el contenido y lo producido en ellos resultaría inembargable, protegiendo la soberanía jurisdiccional y legislativa".
En ese sentido, Moreau puntualizó en un comunicado que "la ley busca poner fin a este tipo de maniobras y resguardar a las futuras generaciones".
La iniciativa redactada por Moreau fue respaldada con su firma por sus pares del oficialismo Juan Carlos Alderete, Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Esteban Bogdanich, Mabel Caparrós, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Mayda Cresto, Danilo Flores, Lucas Godoy, Graciela Landriscini, Aldo Leiva, Mónica Macha, Claudia Ormachea, y Ariel Rauschenberger.
También firman el proyecto los legisladores del FDT, Nicolás Rodríguez Saá, Jorge Romero, Nancy Sad, Liliana Schwindt, Daniela Vilar, Liliana Yambrún, Carolina Yutrovic y el diputado de Unidad y Equidad Federal José Luis Ramón.
Moreau señaló que la iniciativa "nace como una forma de proteger los bienes frente a los negociados que se llevaron adelante en el período 2015-2019 con una política de megaendeudamiento, que incluyó hipotecar los recursos naturales del país como garantía de pago de las operaciones de deuda externa".
"En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, estableció jurisdicciones a favor de tribunales extranjeros y no incluyó los recursos naturales entre los ítems inembargables", agregó.
La legisladora, finalmente, destacó que si "la Argentina ingresaba en default debía someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York, Londres y Suiza y, de ser necesario, rematar sus recursos naturales para cumplir con los acreedores".
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