El país de Arabia Saudita es uno de los más herméticos en cuanto a sus políticas de Estado para con sus funcionarios y empresarios, y principalmente, su sociedad. No obstante, esto está cambiando de la mano del príncipe heredero Mohamed bin Salman, de 32 años quien fue electo para suceder el trono.

A raíz de un pedido del príncipe bin Salman, se creó un comité anticorrupción el pasado sábado que efectuó detenciones a 11 príncipes y 38 políticos, de ellos cuatro ministros.

Entre las detenciones figuran: el jefe de la Guardia Nacional, Muteb Bin Abdulá; el director del imperio televisivo saudí MBC, Al Walid al Ibrahim, o el príncipe Al Walid bin Talal, el hombre más rico del país y dueño del fondo de inversión Kingdom Holding Company (KHC).

Bin Abdulá, hasta ayer ministro de la Guardia Nacional, es hijo del difunto rey Abdulá bin Abdulaziz y el último de los descendientes de dicho monarca que ocupaba un alto cargo en el Gobierno.

La Guardia Nacional que dirigía fue creada durante el reinado del rey Faisal, muerto en 1975, para contrarrestar la influencia de los otros cuerpos de seguridad de Interior y Defensa, cartera que ocupa el heredero al trono.

Las facultades del comité alcanzan a restringir la salida de los detenidos del país, congelar los fondos de las cuentas bancarias y el retorno del dinero a las arcas del reino.

La ola de detenciones se realizaron luego de que las autoridades del reino ultraconservador arrestasen el pasado septiembre a decenas de opositores. Entre ellos, a dos prominentes clérigos, según denunciaron varias organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW).

Sin embargo, el Gobierno saudí asegura que no se trata de una purga política. El fiscal general, Saud al Moyeb, afirmó en un comunicado que estas investigaciones son "parte de una reforma completa para garantizar la transparencia, la apertura y el buen gobierno".