El Colectivo de Mujeres y Disidencias Autoconvocadas propuso este miércoles declarar la "emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género" y que haya "una coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y los municipios" en el marco de la marcha por el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas.

A través de una carta dirigida al presidente Alberto Fernández, firmada entre otros por Estela de Carlotto, Nora Cortiñas, Rita Segato y Claudia Piñeiro, pidieron además una "capacitación sistemática en la temática para todxs las y los operadores que intervengan en la atención de los casos".

Además solicitaron la puesta en funcionamiento de "un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias hechas tanto en comisarías como en sedes judiciales, para que se les dé un seguimiento eficaz y se monitoreen las respuestas estatales".

Pidieron también "complementar el sistema de botones antipánico con tobilleras para el denunciado" ya que "no queremos más que sea la víctima la que tenga que demostrar una y otra vez que su agresor viola una y otra vez la restricción perimetral" .

La "implementación de sanciones a funcionarios judiciales o de fuerzas de seguridad que incurran en errores graves y manifiestos en su tarea de proteger a las víctimas" fue otra de los puntos de la propuesta del Colectivo.

La organización también propuso al Presidente "la incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial" y el efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual en todas las instituciones educativas del país "de manera urgente".

Por último proponen la "administración del correcto despliegue y funcionamiento de los dispositivos que refieren a la Red Federal de Patrocinio Gratuito" ya que existe "desamparo de las víctimas a nivel jurídico por su nivel socioeconómico".

El Colectivo precisó que la violencia de género "es un problema estructural del país que se profundizó con la pandemia" e indicaron que no pueden "tolerar más la muerte de mujeres e identidades feminizadas" por lo que pidieron que el tema sea "una prioridad del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales y municipales".

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