Human Rights Watch (HRW) advirtió a través de un informe que “la vida y la salud de las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina estarán en riesgo mientras sigan existiendo graves restricciones al acceso al aborto legal”. Asimismo, la organización instó al presidente Alberto Fernández a presentar el proyecto de legalización y pidió que el Congreso lo apruebe.

Al inaugurar el período de sesiones en el Congreso, el mandatario nacional anunció que enviaría un proyecto para legalizar el aborto. Sin embargo, en sucesivas declaraciones a la prensa aclaró que esa decisión está demorada por la pandemia.

"Es hora de saldar una deuda: El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina" es el título del documento de 86 página que elaboró la entidad internacional en base a 30 testimonios de mujeres y niñas que intentaron acceder al aborto en los sistemas de salud público y privado, y a profesionales de la salud, abogadas y activistas de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

El objetivo del trabajo fue analizar las consecuencias del rechazo del Senado al proyecto de ley de 2018 que habría despenalizado completamente el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo, explicaron referentes de HRW en una conferencia virtual desde Washington.

"Desde ese rechazo en la Cámara Alta, miles de mujeres y niñas se han visto forzadas a elegir entre tener que superar obstáculos abrumadores para acceder a un aborto legal o recurrir a abortos clandestinos, muchos de los cuales se practican de manera insegura y ponen en riesgo su salud y sus vidas", expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Y resaltó que la pandemia por coronavirus y el aislamiento "han exacerbado las restricciones al acceso a los servicios de salud reproductiva", al tiempo que subrayó que "ante este escenario, legalizar el aborto es más urgente que nunca".

En el informe se recordó que en mayo último, Argentina se sumó a decenas de otros gobiernos del mundo que firmaron una declaración orientada a proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta con perspectiva de género ante la pandemia de Covid-19.

"Se debe asegurar que el aborto sea tratado como un servicio médico esencial y urgente mientras se prolongue la pandemia y garantizar la prestación de los servicios, bienes e información sobre salud sexual y reproductiva de manera oportuna, incluyendo en las provincias y los municipios", aseveró la ONG.

Según datos de 2018 del Ministerio de Salud de la Nación, hubo 35 muertes causadas por aborto en el país.

Las estadísticas oficiales completas más recientes, de 2016, incluyeron a 39.025 mujeres y niñas que ingresaron en hospitales por complicaciones de salud relacionadas con abortos, y el 16 % tenían entre 10 y 19 años.

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