El ex presidente Mauricio Macri presentó este miércoles un escrito por medio de su abogado en la causa judicial que lo investiga como líder de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo y apeló la decisión de la jueza María Servini de ordenar un entrecruzamiento de llamados respecto de sus teléfonos y los de integrantes de la denominada “Mesa Judicial M” entre 2016 y 2019.

De esta manera, Macri pidió que no se lleve a cabo el entrecruzamiento de llamadas que había ordenado la magistrada federal en el marco de una causa que investiga supuestas presiones al Grupo Indalo durante su gobierno.

La jueza había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli y otros imputados en la causa.

El ex Presidente reclamó además que su apelación tenga efectos "suspensivos" sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar "perjuicios irreparables".

"Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta", sostuvo el ex mandatario.

Otra de las cosas que pidió Macri fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a ratificar presencialmente el escrito "por el estado de excepción" en el que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y obligatorio, de acuerdo a lo publicado por Ámbito.com.

Servini había ordenado en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli, Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de 2016 y agosto de 2019.

Posteriormente, solicitó los "registros de comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019".

Con toda esta información -dispuso- se "deberá realizar un estudio temporal/espacial con el objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los abonados" y "sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de los informes", y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.

En la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la publicación de una nota periodística sobre la "supuesta deuda de Oil Combustibles SA con el Fisco Nacional".

En la causa hay un pedido de citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP, Abad, hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual la magistrada aún no resolvió.

La causa

La causa a cargo de Servini se abrió en base a hechos denunciados por De Sousa inicialmente en el fuero comercial, en el expediente concursal de Oil Combustibles, donde relató presiones sobre él, su socio López y sus empresas por parte del gobierno de Macri y a través de la AFIP. 

Según los denunciantes el objetivo de fondo era ahogar a Indalo, Oil y los medios de comunicación del grupo para encarcelar a la ex presidenta Cristina Fernánez y, por el otro lado, para que todo el grupo termine en manos de amigos del gobierno de Cambiemos, o que quiebre y quede como un símbolo de lo que le pasa a los empresarios que no se sumaron a la guerra contra el Gobierno anterior.

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