El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) informó este lunes que en los últimos 18 meses, en cerca de 50 fiscalizaciones realizadas, se detectaron 444 casos de presunta explotación laboral.

Los casos corresponden a actividades de resina, forestal, horticultura, ganadería, tambo, cultivo de papa, ovino, cría de porcinos, caña de azúcar, frutilla, avícola, olivo y cultivo de maíz, entre otras, precisó el Renatre a través de un comunicado.

“El Registro tiene un trabajo coordinado tanto con el Gobierno nacional, como con gobiernos provinciales y la Justicia, con la idea de abarcar íntegramente la problemática, trabajando en la detección y abordaje de estas situaciones y que tengan sus sanciones correspondientes”, explicó el director del Renatre, Ramón Ayala.

El convenio marco del Registro con el Ministerio de Trabajo estipula la colaboración en fiscalización, y se está trabajando en una ampliación.

La idea del acuerdo a firmarse es que las actas que realizan los inspectores de ambas partes puedan ser utilizadas por el otro organismo, y así duplicar sus capacidades inspectoras.

“Cuando se habla del trabajo rural, se está hablando de un universo muy grande de actividades y regiones con contextos diferentes. Es ahí donde el Renatre hace un análisis para detectar cuáles son efectivamente las producciones a las que más afecta esta problemática”, contextualizó el presidente del Registro, Orlando Marino.

En el caso de que haya detección de presunción de delito, se procede a realizar la denuncia correspondiente a través de la línea telefónica 145 de Asistencia y Denuncias por Trata de Personas, cuyo número de trámite es remitido inmediatamente a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex)

Esta dependencia motoriza la intervención inmediata y el apoyo por parte de la Fiscalía competente que se encuentre de turno en ese momento. En lo que va del año, el Renatre realizó 28 denuncias de estos casos a la línea 145 y en 12 de ellas ha intervenido la Protex.

“Las inspecciones laborales, las sanciones frente a los incumplimientos laborales y las investigaciones penales efectivas en casos de trata de personas, reducción a servidumbre y trabajo infantil son todas medidas necesarias para prevenir los abusos laborales extremos”, destacó la fiscal cotitular de la Procuraduría, Alejandra Mángano.

Remarcó que “el sector rural es un sector perjudicado por estos delitos, y las víctimas no suelen acercarse a denunciar, por eso es necesario que se promuevan controles efectivos que mejoren la detección”.