Mediante un proyecto de ley ingresado el pasado martes a la Unicameral, Oscar González busca garantizar la protección de los profesionales que se desempeñan en el ámbito público y/o privado de la salud.

La iniciativa propone la modificación del art. 67 del Código de Convivencia provincial mediante la cual se prevén nuevas conductas punibles para proteger a los médicos e integrantes de los equipos de salud. También se amplía la protección previendo las agresiones que puedan producirse no sólo en el ámbito público, como ocurre actualmente, sino agregando el domicilio real o laboral del profesional, circunstancia además que se prevé como agravante a los fines de la sanción aplicable para el agresor.

El artículo modificado, que también protege al personal educativo, sanciona “con hasta diez (10) días de trabajo comunitario, multa de hasta veinte Unidades de Multa (20 UM) o arresto de hasta tres (3) días” a aquellas personas que “profirieren gritos, insultos, exhiban o hicieren exhibir, carteles, imágenes o escritos que tengan contenido discriminatorio o realicen señas o ademanes capaces de turbar, intimidar, menoscabar psicológicamente o inferir agravio a la investidura, condición sexual, buen nombre u honor del personal” del trabajador en cuestión.

“El máximo de las sanciones previstas se duplicará si se hubiere puesto en riesgo la integridad física, moral o bienes de la persona afectada, cuando  el hecho se hubiere producido en el domicilio real o laboral de la víctima, dentro de un establecimiento educativo o de salud o en ocasión de celebrarse un acto público”, establece.

La iniciativa que buscará ser trabajada en los próximos días para alcanzar el dictamen correspondiente y ser votada en el pleno legislativo se enmarca en una serie de disposiciones que se vienen tomando desde los poderes del Estado para proteger y acompañar las tareas del personal médico, actores principales en la batalla contra el coronavirus en todo el país.