Antes de aprobarse la reforma judicial, renunció un polémico juez
Se trata de Roberto Oscar Ponce quien en 2018 protagonizó un escándalo al manejar borracho y chocar. Intervino en el caso del policía Luis Chocobar.
Luego de que el Gobierno lograra este miércoles firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, comenzaron las renuncias en el Poder Judicial.
La oposición, según remarcó este jueves el diputado Pablo Tonelli en la radio Rock and Pop, no acompaña el proyecto de reforma del sistema jubilatorio del Poder Judicial "porque provocará un éxodo masivo de jueces".
En el Boletín Oficial publicado este jueves se dio a conocer el decreto 185/2020 en el que se acepta la renuncia de un juez. En el considerando del texto oficial se expone que "el doctor Roberto Oscar Ponce ha presentado su renuncia, a partir del 1° de marzo de 2020, al cargo de juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 23 de la Capital Federal".
Y luego, en el texto oficial "el presidente de la Nación decreta: "Acéptase, a partir del 1° de marzo de 2020, la renuncia presentada por el doctor Roberto Oscar Ponce".
En 2018, Ponce protagonizó un escándalo al manejar borracho y chocar con su camioneta una rotonda en General Pacheco, partido de Tigre. En un video que se filtró en aquella oportunidad, se lo ve al magistrado apoyado sobre el patrullero intentando -con dificultad- hilar palabras para salir impune del altercado con las fuerzas de seguridad.
El magistrado fue sometido a cuatro test de alcoholemia ya que no pudo completar los primeros tres intentos. Finalmente el resultado arrojó que tenía tres grados de alcohol en sangre, cuando el permitido para conducir es de 0,5.
Previo a este escándalo, Ponce tuvo intervención en la primera instancia del caso del policía Luis Chocobar, detenido tras balear por la espalda a un delincuente que intentaba escapar. Pero se declaró incompetente y remitió la causa al Juzgado Nacional de Menores N° 1 a cargo de Enrique Gustavo Velazquez, quien finalmente resolvió el procesamiento y embargo del uniformado.
La firma del decreto de este jueves lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de gabinete Santiago Cafiero y de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
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