El DNU 669/19, a través del cual el Gobierno modificó la forma de calcular el monto las indemnizaciones por accidentes de trabajo, ya levantó la polémica.

Desde el ámbito legislativo, representantes de la oposición salieron a criticar la medida y advertir sobre su inconstitucionalidad. En tanto, los diputados Fernando Asencio (Red por Argentina) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda) presentaron sendos proyectos de ley para derogarlo.

Asencio consideró que este decreto “no respeta las instituciones, beneficia a las grandes empresas y perjudica a los más vulnerables”. “La única necesidad que tiene Macri es la de favorecer los intereses de los más poderosos y perjudicar a los trabajadores”, señaló.

En diálogo con el portal Parlamentario, cuestionó que el DNU es “en beneficio de las aseguradoras” y sostuvo: “De Macri ya no me extraña nada, siempre beneficiando a las grandes corporaciones”.

“El Gobierno después del resultado adverso (en las Paso) no solo esquiva el debate en el Congreso, sino que se propone legislar por DNU”, agregó.

Por su parte, Del Plá señaló: “En un país donde los accidentes laborales se incrementan al ritmo en que aumenta la tasa de explotación laboral y se agudiza la violación de las normas más elementales de seguridad e higiene por parte de las patronales, al Gobierno le preocupa que se respete el 'equilibrio financiero del sistema', un eufemismo para referirse al beneficio millonario que amasan las empresas ART”.

“En lugar de preocuparse por las ganancias de las aseguradoras, el Gobierno debería ocuparse de las causas de los accidentes laborales: las condiciones ultra precarias e inseguras de trabajo. A menos de una semana del accidente en el aeropuerto de Ezeiza que se llevó la vida de un operario e hirió otra docena, este decreto pinta de cuerpo entero las prioridades de la clase capitalista, a costa de la propia vida de los trabajadores”, denunció la candidata a vicepresidenta.

Paralelamente, la diputada por Chaco Lucila Masin (Frente para la Victoria-PJ) presentó una declaración de repudio al decreto en cuestión.

A menos de un mes de que el Indec confirmara que la desocupación alcanzó los dos dígitos (10,6%), la cifra más alta bajo la gestión de Mauricio Macri y de los últimos 13 años, Masin lamentó que “se insista en una medida arbitraria e inaceptable que sigue perjudicando a los sectores más vulnerables”.

“Lo más grave es que va absolutamente en contra las promesas de campaña de hace cuatro años: pobreza cero y mantener los derechos que se habían obtenido en los 12 años anteriores”, indicó la diputada.

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