A raíz del pedido de intervención que solicitaron los vecinos de Villa Parque Santa Ana al Defensor del Pueblo de la Nación para que tome posición respecto a la localización que tendría el basural de Cormecor, se difundió este martes un dictamen elaborado por dicha dependencia.

El mismo lleva al firma de Andrea Fizzotti, profesional del área de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y sugiere relocalizar el vaciadero.

Según el informe al que tuvo acceso La Nueva Mañana, entre los meses de septiembre de 2016 y enero de 1017, el defensor del Pueblo de la Nación recibió dos solicitudes de intervención por parte de colectivos de vecinos de la localidad de Villa Parque Santa Ana, referidas a la instalación de lo que ellos refirieron como “un gigantesco basural y enterramiento de residuos del Área Metropolitana de Córdoba”. Denunciaron los vecinos que el proyecto adolecía de una serie de deficiencias que ameritaban la suspensión del mismo.

A raíz de los hechos denunciados, esa dependencia inició una investigación, de la cual sugirió evaluar nuevas alternativas para su localización.

Para llegar a esa conclusión, se realizaron pedidos de informes a las autoridades ambientales nacionales y provinciales, y se analizó el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor SA, el Informe del ISEA, y demás documentación.

“Se puede concluir que la localización del proyecto no es adecuada, por la cercanía al Municipio de Villa Parque Santa Ana, la dirección de los vientos predominantes, por los riesgos de afectación del agua subterránea que abastece a dicha localidad, los riesgos de impacto sobre el agua del Canal Los Molinos que provee a la Ciudad de Córdoba y por el ordenamiento ambiental vigente”, asegura el informe.

“El diseño del proyecto no presenta suficientes previsiones para minimizar la generación de residuos, y además contempla un escaso porcentaje de tratamiento de residuos”, continúa el dictamen y señala que “el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental presenta numerosas deficiencias, dadas principalmente por la falta de participación de los mayores afectados en la definición de la localización –los vecinos de Villa Parque Santa Ana-, por las inexactitudes de la información presentada en el Estudio de Impacto Ambiental y por la ausencia de evaluación de distintas alternativas de localización”.

El estudio además recomienda al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba “dejar sin efecto la autorización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba”, conferido oportunamente en la Resolución Nº 10/17; evaluar nuevas alternativas para la localización de complejos ambientales para el tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba. y realizar una Evaluación Ambiental Estratégica de la política de gestión de residuos, con la participación de todos los actores involucrados”.

Por otro lado, en una carta dirigida a los vecinos de Villa Parque Santa Ana, aseguraron que la investigación que llevaron adelante debió ser interrumpida al existir un amparo en el ámbito Judicial, donde el TSJ dispone una "restricción sobre el proyecto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".

Cabe recordar también que la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación solicitó a la Universidad Nacional de Córdoba un estudio sobre la localización del basural, por lo que la Defensoría del Pueblo de la Nación subrayó que su investigación fue realizado "a modo de colaboración".

Aquí el informe completo.