Avanza “acción colectiva” de usuarios que piden multar a empresas del transporte

La Justicia habilitó el curso de la demanda presentada por consumidores, tras el paro que afectó el servicio entre el 5 y 13 de junio de 2017.
La presentación solicita el pago de una multa de 5 millones de pesos por inclumplimiento del servicio entre los días 5 a 13 de junio de 2017. Foto: La Nueva Mañana.

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 22° Nominación de la ciudad de Córdoba habilitó como “acción colectiva” a una demanda promovida por asociación civil “Usuarios y Consumidores Unidos” contra las empresas concesionarias del transporte urbano de la Capital.

La presentación solicita el pago de una multa de 5 millones de pesos por inclumplimiento de la prestación del servicio entre los días 5 a 13 de junio de 2017, jornadas en la que choferes de Ersa, Coniferal y Tamse llevaron adelante un paro para solicitar la reincorporación de despedidos.

El pedido de sanción se respalda también en la falta de información “clara, detallada y veraz” de las medidas que se estaban llevando a cabo a los efectos del restablecimiento de la circulación de unidades.

En ese sentido, la jueza Patricia Asrin consideró que, en principio, aparecen “elementos suficientes para entender que en la presente causa se encuentran comprometidos derechos individuales homogéneos” y determinó que el proceso sea sustanciado como colectivo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 3, segundo párrafo, del Anexo II, del Acuerdo Reglamentario Nº 1499, Serie “A”.

La asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos pretende que el 80% del monto de la multa sea reintegrado a los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, que lo acrediten a través de la presentación oportuna de sus datos registrados en el sistema de tarjetas “Red Bus” de modo proporcional entre todos los acreditados. Asimismo, un 10% se emplearía para una campaña de concientización y educación de los usuarios y consumidores de la provincia de Córdoba. En tanto, el 10% restante se destinaría a la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en Córdoba.

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