La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió que la causa por fraude en la obra pública en la que está imputada pase a la Justicia de Santa Cruz por lo que planteó la incompetencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de la Capital Federal que tiene previsto juzgarla a partir del 26 de febrero próximo.

El pedido de incompetencia presentado ante el TOF2 es a poco de comenzar este primer juicio contra la ex mandataria y otros imputados, entre ellos Lázaro Báez, José López, y Julio De Vido.

Los "hechos investigados fueron cometidos en otra jurisdicción" y por eso reclama el pase de la causa a Santa Cruz.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Tassara, también debe resolver sobre presentaciones similares de otras defensas.

Fuentes judiciales consultadas por NA señalaron que a partir de este pedido el TOF 2 le solicitará al cuerpo de peritos de la Corte Suprema que estime el plazo de finalización de una pericia encargada para saber si se pagaron sobreprecios en las obras.

En total, hay más de 50 obras que están bajo la lupa de la Justicia y que forman parte del objeto del debate.

Las fuentes estimaron que si finaliza en lo inmediato, la fecha del juicio se mantendrá vigente, o sea el 26 de febrero, pero si el estudio de los peritos de la Corte no se conocerá en breve, es probable que se corra el arranque para más adelante.

En el juicio por fraude a la obra pública también serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; el empresario Báez; el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.

Por su parte, el fiscal Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 que rechace el pedido de postergar el inicio del juicio y que arbitre los medios necesarios para dar cumplimiento, con la mayor celeridad posible, a las medidas de prueba que se encuentran pendientes y poder iniciar el debate en la fecha estipulada.

La defensa de Cristina había solicitado al Tribunal que dejase sin efecto la resolución que fijó el 26 de febrero como fecha de inicio del juicio, argumentando que no había transcurrido el plazo mínimo de 10 días hábiles -previsto en el artículo 359 del Código Procesal Penal de la Nación- entre la conclusión de la instrucción suplementaria y la fecha de inicio del juicio.

Al respecto, el fiscal general argumentó que de acuerdo a la función del artículo 120 de la Constitución Nacional, el Ministerio Público Fiscal debe velar por los intereses de la sociedad y actuar en defensa de la legalidad y planteó que el Estado Argentino "se ha obligado ante la comunidad internacional a prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública".

Fuente: Noticias Argentinas