El proyecto fue presentado a fines del año pasado por el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, quien en reiteradas oportunidades cuestionó la política migratoria del país y aconsejó al Poder Ejecutivo "dejar de ser tontos", argumentando que "el problema es que la Argentina siempre funciona como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú".
El 30 de enero, en tanto, el presidente Mauricio Macri firmó un decreto para modificar la Ley de Migraciones y establecer un procedimiento sumarísimo, aplicable a los extranjeros que se encuentren involucrados en hechos delictivos graves, y a quienes ingresaron en forma clandestina al territorio nacional.
La iniciativa que se comenzará a debatir en el Senado busca establecer una nueva regulación del impedimento de ingreso y permanencia en la Argentina.
También señala que se cancelará la permanencia en el país de personas procesadas por delitos dolosos, que merezcan una pena privativa de la libertad mayor a cinco años, que hubieran sido aprehendidas in fraganti o que registre una conducta reiterada en la comisión de delitos. En esos casos, los migrantes no podrán volver a ser admitidos en el país.