La CGT pega despacio y negocia mal

La CGT oficializó la suspensión de la medida de fuerza proyectada para la segunda quincena de noviembre luego de negociar un “bono” para los trabajadores del sector privado de 5 mil pesos pagadero en dos cuotas (noviembre y enero) y la creación de una instancia en la secretaria de trabajo para contener los despidos hasta el mes de marzo.

El acuerdo que comenzó a tejerse hace más de 15 días tomó estado público el martes pasado luego de que la “mesa chica” de la CGT recibiera al ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, y a las cámaras que agrupan a los empresarios en la sede del sindicato de Sanidad que conduce Héctor Daer.
En principio la obligatoriedad del bono o de la suma no remunerativa no está en discusión. Pero el modo en que se computará forma parte de las negociaciones de última hora. El borrador sobre el que trabajo la central obrera el último jueves estipula que esos 5 mil pesos pueden ser considerados ya sea como una bono, como un pago a cuenta de futuros aumentos o como el adelante del último tramo de una acuerdo ya vigente. Además, pese a la supuesta obligatoriedad plantea la posibilidad de que las empresas en “crisis” paguen menos que lo establecido en el acuerdo.

Hasta hoy el rol del Estado fue sólo generar la mesa de diálogo y avalar lo acordado. Sin embargo a la hora de responder por las pequeñas y medianas empresas que debido a la caída del consumo y la recesión no pueden hacer frente al bono de mantiene como un mero espectador. El Estado, en este marco, decidió no generar ningún instrumento de financiación para que los otros perjudicados del modelo, las PyMes, puedan hacer frente a la erogación. Por eso, los gremios distanciados de la conducción de la CGT aseguran que más allá de los simbólico el acuerdo es de dudoso cumplimiento sobre todo en las empresas más pequeñas.

La letra fina se conocerá este martes cuando aparezca publicado en el Boletín Oficial, (ver nota relacionada). Más allá de la definición de la letra chica de la norma la central obrera manifestó que producto de la negociación con el gobierno no habrá medidas de fuerza convocadas por la central hasta 2019. Así las cosas, la CGT le concede al gobierno la paz social durante el mes que se realiza el G-20 en Argentina.

La reformulación soft de la vieja lógica del sindicalismo peronista de pegar y negociar que deviene en una conducción que pega despacio y negocia mal fue cuestionada desde los sectores gremiales que encabezan tanto Pablo Moyano, como Hugo Yasky y Pablo Michetti.
Los planteos que emergen desde Camioneros y las dos CTA se sostienen en que la suma propuesta por el Gobierno y aceptada por la CGT no alcanza para paliar la pérdida de poder adquisitivo y que, más allá de ese arreglo, se tiene que llevar adelante una medida de fuerza en rechazo tanto del presupuesto 2019 como de la política económica.

Con respecto a los alcances del acuerdo el ex diputado nacional y titular del Instituto de Pensamiento de Políticas Públicas, Claudio Lozano, detalló que “el bono necesario para compensar lo perdido en el 2018, debiera ascender a $75.186,20” y agregó: “La propuesta del Gobierno y la CGT representa apenas el 6,6% de lo que debieran recibir los trabajadores para recuperar lo perdido en un año 2018 que, en la práctica, ha producido una caída del poder adquisitivo similar a la del 2002 en el marco de la crisis y ruptura de la convertibilidad”.

El bono debiera ser de 33 mil pesos

Desde el Centro de Economía Política Argentina, que dirige Hernán Letcher, si bien discrepan con el monto que plantea Lozano señalan que en promedio, para equiparar la pérdida de los trabajadores registrados, el bono tendría que ascender a 33 mil pesos.

Además el CEPA detalla que, por ejemplo, para estatales el pago extraordinario tendría que ascender a $51 mil, en el caso de gastronómicos a $48 mil, de los metalúrgicos a $37 mil, en comercio a $32 mil, en gráficos a $31 mil, y en la construcción a $26 mil.
El argumento desde la conducción de la central obrera ante los escaso del bono fue formulado por Daer que señaló que si bien “no es suficiente para recuperar el poder adquisitivo” sirve para que los trabajadores puedan contar con esa suma de dinero a fin de año.

En cuanto al otro punto del acuerdo sobre generar una instancia previa y obligatoria para notificar los despidos a la Secretaria de Trabajo y que a partir de allí se busque una alternativa tampoco parece viable. Hoy los empleados de la Secretaría de Trabajo no dan abasto para resolver los procedimientos preventivos de crisis. La instancia creada para dar una ayuda a las empresas que deciden echar a más del 10% de su personal y no pueden afrontar las indemnizaciones está virtualmente paralizado por la gran cantidad de pedidos.
Si se tiene en cuenta que durante el mes de octubre, según relevamientos privados, hubo poco menos de 2010 despidos la operatoria que plantea el decreto parece de difícil cumplimento.

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