Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a abogados y familiares de represores detenidos por su participación en el genocidio de la última dictadura, quienes denunciaron al Estado argentino por los juicios de lesa humanidad.

Se trata de una reunión en que la CIDH otorgó a representantes de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y de Puentes para la Legalidad, defensoras de genocidas, de carácter privado y sin garantías de continuidad en el tratamiento de los hechos.

En un extenso comunicado, Historias Desobedientes, el colectivo de hijos y familiares de genocidas, recordó que los represores detenidos no son presos políticos sino criminales condenados por sus actos. Además, apuntaron al rol del Ejecutivo en materia de juzgamiento de los crímenes del genocidio argentino.

“Desde la asunción del gobierno de Cambiemos el negacionismo ha tomado impulso. Es alarmante que un gobierno democrático dé lugar a expresiones de este tipo, que están en flagrante oposición a la verdad. El cinismo del gobierno es recurrente”, dijeron.

También manifestaron su preocupación porque el encuentro fue favorecido por una funcionaria del Ejecutivo. “Demuestra el difícil momento por el que atraviesa la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina”, dijeron a Página12.

El encuentro se realizó este miércoles a las 21,30 (hora argentina), y según adelantó el grupo de abogados defensores del genocidio Abogados por la Justicia y la Concordia, la CIDH recibiría al presidente de esa asociación civil, Alberto Solanet, al abogado Ricardo Saint Jean, hijo del gobernador de facto de la provincia en la dictadura, y la abogada María Laura Olea. “Denunciarán las violaciones a los DD.HH de los presos políticos de Argentina por parte del Estado”, indicaron en su cuenta de Twitter.

Esa postura es la que repudiaron los hijos y familiares de genocidas en el comunicado emitido ayer.

Según publicó Página12 existen constancias de las gestiones de Bertol con representantes de la CIDH en los que se trataron las demandas de las agrupaciones pro represores. Una de ellas, fechada a finales de agosto, abrió la posibilidad de que el organismo internacional reciba las organizaciones que consideran a quienes desaparecieron personas y robaron bebés como presos políticos.  

El comunicado de Historias Desobedientes:

Desde Historias Desobedientes valoramos con preocupación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reúna, en el día de hoy, con asociaciones filo-genocidas argentinas que reivindican los crímenes cometidos en la última dictadura cívico- eclesiástico- militar. No nos sorprende que quien haya bregado e intercedido ante la CIDH para este encuentro sea la embajadora argentina ante la OEA. Nos indigna, pero no nos sorprende.

La falsa denominación de los genocidas como “presos políticos” -insistimos- es inadmisible. Enfatizamos que esta denominación es falsa y carente de sustento jurídico, ya que “preso político” es aquel que está detenido por sus ideas, no por sus actos. Aquí se han juzgado –y se están juzgando- actos. Hechos. Desapariciones, torturas, violaciones, robos, apropiaciones. Hechos criminales de los más aberrantes, llevados a cabo en el marco de un plan sistemático. No están presos por sus ideas, sino por participar activamente de un genocidio. Es un insulto a la inteligencia colectiva, así como una falta de respeto a la memoria, a la verdad y a la búsqueda incesante de justicia tergiversar la realidad de este modo.

Desde la asunción del gobierno de Cambiemos el negacionismo ha tomado impulso. Es alarmante que un gobierno democrático dé lugar a expresiones de este tipo, que están en flagrante oposición a la verdad. El cinismo del gobierno es recurrente.

En los hechos, demuestra estar a favor de la represión a las manifestaciones civiles, dar libertades a todas las fuerzas de seguridad para desplegarse y reprimir. Se han cometido actos de tortura, desaparición y asesinato, y el Ministerio de Seguridad ampara al personal de las fuerzas y desestima las acusaciones sin siquiera remitirse a pruebas; lo que evidencia cual es la postura del oficialismo.

Como hijes y familiares de genocidas, desde el repudio tanto visceral como intelectual hacia sus acciones y al sistema genocida en el que operaron, hacemos público nuestro contundente rechazo  al tratamiento de "presos políticos" tanto a nuestros familiares como al resto de los genocidas y cualquier intento de incumplimiento de las condenas a sus crímenes.