El senador Carlos Caserio solicitó el tratamiento de un proyecto para que se revean los despidos en Villa María y Río Tercero. En Diputados, Gabriela Estévez solicitó la emergencia laboral.
Política 27/08/2018
Gabriela Yalangozian
La semana pasada, cuando los ojos de los argentinos estaban puestos en la sesión especial para tratar la autorización al juez Claudio Bonadio a los allanamientos en las propiedades de Cristina Fernández y el proyecto de extensión de dominio, el senador por Córdoba Carlos Caserio sorprendió con un pedido especial.
El legislador justicialista solicitó tratamiento preferencial para este miércoles de un proyecto de su autoría, que presentó junto a la firma de Miguel Pichetto, y que según anticipa, será apoyado por todo el bloque.
La iniciativa pide al Poder Ejecutivo Nacional “la reincorporación de los 101 trabajadores despedidos de las Fábricas Militares de Río Tercero y Villa María en el mes de agosto, y los 53 cesanteados en el mes de diciembre del año 2017 de manera inmediata”. Además, exige que se dispongan “las medidas necesarias para que estas empresas, emblemas de la Defensa nacional, se mantengan en pleno funcionamiento”.
Mientras se espera esa sesión para debatir el tema en el Congreso Nacional, en Diputados la legisladora cordobesa Gabriela Estévez impulsó ya tres propuestas, entre ellas la de declarar la emergencia laboral e impedir los despidos en las dependencias estatales.
Estas iniciativas, la de Caserio y la de Estévez, fueron elevadas previo a que, en la Unicameral de Córdoba, se aprobara por unanimidad un proyecto consensuado que encomienda a los legisladores nacionales por Córdoba a instar ante el Ejecutivo para que revea la medida que dejó en la calle a los 101 trabajadores, y que se llame a una mesa de diálogo que involucre el gremio que los representa.
Los fundamentos del proyecto de Caserio recuerdan el origen de las Fábricas Militares de Villa María y Río Tercero. Según recordó, se pusieron en marcha en la década del 40 para funcionar de manera articuladas en la elaboración de materias primas para la fabricación de pólvoras monobásicas, explosivos, nitrocelulosas, nitroglicerina, éter, dinamitas, entre otros materiales.
“Han sido parte esencial del desarrollo de la defensa nacional y el autoabastecimiento de explosivos tanto para la actividad militar como para el desarrollo de actividades civiles vinculadas a la minería, obras viales, industria química, etcétera”, señaló el legislador cordobés, quien destacó: “No solo le han prestado un valioso servicio a la industria nacional y la generación de recursos con la exportación de sus productos, sino que además han incidido de manera directa en el crecimiento de dos ciudades muy importantes del interior de Córdoba. Estas localidades se han desarrollado de la mano de empresas que utilizaron desde sus orígenes una importante cantidad de mano de obra (operarios y profesionales) con todo el impacto socioeconómico que esto ha significado en esta región del interior del país”.
Estas fábricas en la actualidad ocupan una significativa cantidad de trabajadores ya que entre las dos suman más de 814 personas: 375 en Villa María y 439 en Río Tercero. Con 150 operarios menos desde diciembre del año pasado, en incierto saber si se producirán nuevos despidos.
“Los 150 despidos significan más de $ 4.500.000 de pesos mensuales y cerca de $ 54.000.000 por año que dejan de ingresar en concepto de sueldos directos en estas dos ciudades”, explicó el senador justicialista.
Según recordó Caserio, las cesantías que han sido dispuestas no fueron “por un mal desempeño de los trabajadores sino en razón de una política de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que se realiza sobre la base de sacrificar a los que menos tienen y ajustar las cuentas de la nación sobre el sufrimiento de los trabajadores”.
En diálogo con La Nueva Mañana, el legislador cordobés calificó lo sucedido en las fábricas militares como una “tragedia” por la repercusión que tendrá en ambas comunidades, en especial en un año de profunda crisis. “En cualquier otra circunstancia en este país, te quedás sin trabajo y no conseguís. Mucho más con estos trabajadores, donde hay gente grande con muchos años en la fábrica. La verdad es que han actuado con autoritarismo, falta de sentido común y de sensibilidad”, aseveró.
“En un momento de crisis, donde ha habido uno de los ajustes más grandes de los que hayamos tenido recuerdo, lo primero que se debe hacer es preservar el empleo. Si se tenía la idea de 'achicar' para hacer una reconversión, lo mejor era hacerlo en forma razonable. Si creen que la gente despedida puede encontrar otro trabajo de la noche a la mañana, viven en otro mundo y da a pensar que este es un Gobierno que ha perdido el rumbo”, enfatizó.
Caserio aseguró a este medio que aún no pudo dialogar con el ministro de Defensa, el también cordobés Oscar Aguad, pero repudió sus dichos la semana pasada señalando que quienes fueron despedidos en todo el país eran “solamente 200 familias”.
“La verdad que es una infamia total decir eso, aunque fueran diez personas. ¿Qué puede significar en el ajuste sostener el salario de esta gente? Es como una aguja en un pajar”, consideró.
“Si hay que hace ajustes, se debe pensar en una reconversión en las fábricas militares para sostener el empleo”, dijo y aseguró que ve que este Gobierno está buscando cerrar las empresas del Estado. “Creo que van a seguir achicando y ajustando y esto va a desembocar en un conflicto social”, vaticinó.
La diputada cordobesa por el FpV, Gabriela Estévez, fue quien presentó el primer proyecto en el Congreso previo a los primeros despidos en Fabricaciones Militares que ocurrieron en diciembre último, tras advertir “el proceso de vaciamiento, la subejecución presupuestaria y la falta de insumos para la producción”.
“Creíamos que habría posibles despidos en correlación de todo esto. Entonces presentamos el primer proyecto, de emergencia laboral, aun cuando tanto de la vicepresidenta Gabriela Michetti como el propio ministro de Defensa Oscar Aguad negaban que fuera a haber despidos durante la campaña electoral de octubre pasado”, recordó Estévez.
“El proyecto lo presentamos en noviembre, en diciembre se cerró la planta de Azul y se despidieron trabajadores en todas las fábricas”, señaló la diputada.
Poco después Estévez presentó un nuevo proyecto de responsabilidad social para las Fabricaciones Militares, donde se proponía la reapertura de Azul, la reincorporación de los todos trabajadores despedidos y la utilización de las capacidades instaladas de todas las fábricas. Hasta el momento, el mismo no fue tratado.
“Nuestra voluntad es poder sentarnos a una mesa con todos los diputados y diputadas de Córdoba y representantes de los gremios para tratar de darle una respuesta conjunta. En esto, me parece que hay que dejar de lado los intereses políticos para enfrentar lo que está sucediendo y analizar el impacto que tendrá en las economías regionales y en la economía general de la provincia de Córdoba”, aseguró la diputada.
Estévez aseveró, además, que esta semana pedirá la realización de una sesión especial para el tratamiento de todos los proyectos de emergencia laboral que hay en cada una de las distintas áreas del Estado nacional donde se han venido sucediendo despidos, como Télam, INTI, INTA, Agricultura Familiar, y Fabricaciones Militares.
Previo a que el conflicto por los despidos se debata en el Congreso, el jueves pasado trabajadores de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán, Villa María, Río Tercero, Azul y Jáchal, junto a referentes de ATE, marcharon hacia la Dirección General de Fabricaciones Militares, para realizar un multitudinario acto contra la política de vaciamiento que encabeza la intervención del organismo en sintonía con el ajuste general que el Gobierno Nacional impone en todas las áreas del Estado.
Una delegación de trabajadores y dirigentes de ATE encabezados por Hugo “Cachorro” Godoy ingresó al edificio para mantener una reunión con el subinterventor Ricardo Casal. También participó la titular del Consejo Directivo provincial de Córdoba, Liliana Salerno; el secretario general de ATE Río Tercero, Cristian Colman; y el referente del gremio en Villa María, Fernando Mercado; entre otros. Al salir, Godoy explicó que Casal se negó a dar respuestas sobre a los reclamos de los trabajadores, y que anticipó que habrá nuevos despidos en Sede Central.
Al finalizar la jornada se votó la realización de un paro nacional con cortes de ruta, para el 12 de septiembre, que será ratificado en una reunión de Consejo Directivo nacional.
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