¿Hacia dónde va la Epec?

El gobierno de la Provincia presentó el martes pasado un nuevo marco regulatorio de la energía eléctrica en el que por primera vez otorga la posibilidad de que en este sector puedan intervenir empresas privadas con la figura de sociedades anónimas para la generación, transporte, distribución y comercialización de uno de los bienes esenciales para el desarrollo de la vida cotidiana, el desarrollo económico, turístico y financiero de la provincia.

Funcionarios del gobierno de Juan Schiaretti repiten una y otra vez que no se trata de la privatización de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (Epec), sino que por el contrario, pretenden quitarle el manejo absoluto al sindicato de Luz y Fuerza para democratizarla.

La industria eléctrica como tal es proclive al monopolio, como ocurre con la mayor parte de los servicios públicos suministrados en red como el de agua potable. Hace décadas que en Córdoba el servicio del agua está en manos privadas.

Primero el exgobernador Ramón Bautista Mestre le otorgó la concesión de este vital elemento a capitales franceses en medio de un escándalo judicial para que años más tarde, “el negocio” quedara en manos del grupo Roggio que además controla el tratamiento de los residuos peligrosos de todo el país que llegan a Córdoba y que paradójicamente, meses atrás, el manejo tercermundista de esos elementos radioactivos, petroleros, químicos, entre otros, provocara un desastre al contaminar el canal Los Molinos que provee de agua a la mitad de la ciudad de Córdoba por una negligencia fastidiosa.

En el fondo, siempre está el Estado

No hubo un sismo, un terremoto que destrozara la planta, no se formaron huracanes ni hubo un acto terrorista para envenenar el agua que consumen los cordobeses, no. Llovió y se esos líquidos tratados en un piletón se derramaron en el conducto de agua potable. Según el gobernador Schiaretti estuvimos al borde de “un tris ambiental”.

Con el gas pasó exactamente lo mismo. Pasó de las manos estatales a manos privadas. Eso sí, las empresas privadas solo se dedican a eficientizar la logística de la comercialización y cuando mucho, en algunos casos de la distribución. Pero cuando hay que realizar inversiones para ampliar el servicio o pagar los cánones al estado por su explotación, siempre encuentran un resquicio para no hacerlo. Y siempre, sin excepción, las inversiones y la ejecución de las obras las tiene que hacer el Estado.

La presión del gas natural en Córdoba o la imposibilidad de habilitarlo en nuevas edificaciones es solo la muestra del botón. Las millonarias inversiones del gobierno en los gasoductos que llevarán gas natural a toda la provincia es la prueba de como el Estado paga para que el negocio lo hagan las empresa privadas.

Esto tiene su propia lógica. Las redes de distribución son muy caras de construir y mantener, de manera que la entrada en el mercado es complicado e incluso, sobre todo en países poco desarrollados, se da el caso frecuente de que ni siquiera se puedan reunir los capitales necesarios para crear este tipo de empresas, por lo que frecuentemente requieren incentivos fiscales o de otro tipo para establecerse. Es que la verdadera libre competencia en estas industrias conllevaría la construcción de redes paralelas (tendidos eléctricos superpuestos), lo cual sería un auténtico dislate y un despilfarro inaceptable.

Pero cuando se plantea el ingreso de sectores privados para la generación, el transporte, la distribución y la comercialización de un recurso estratégico, se trata al final de cuentas de la llegada de empresas que controlarán la energía de manera redituable con la estructura que a lo largo de los años el Estado provincial ha desarrollado con inversiones, a veces acertadas y otras descabelladas, pero que al final de cuentas han plantado una infraestructura que pagamos todos los cordobeses.

Si bien Fabián López, ministro de Agua, Ambiente y Energía de la provincia de Córdoba manifestó que hay que esperar un año a partir de la sanción del nuevo marco regulatorio de la energía eléctrica para ver los resultados, no son muy difíciles de imaginar con la histórica ruptura del monopolio estatal sobre toda la cadena de este recurso estratégico.

Por ejemplo, en España existe un oligopolio, en el sentido de que hay un número muy pequeño de productores y distribuidores que siempre se ponen de acuerdo para imponer unos precios por encima de los que habría en caso de libre concurrencia.

En Córdoba existe el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), que desde su creación, ha sido un mero rubricador de aumentos solicitados por las empresas privadas pero también de la empresa estatal de energía. 

Las grandes eléctricas de España, cuyo número se iba reduciendo inexorablemente necesitan producir en gran escala para ser rentables. Así, gradualmente, las mayores empresas (Iberduero, Unión Eléctrica Madrileña, Hidrola, Sevillana, Barcelona Traction, Eléctricas Reunidas, etcétera) iban absorbiendo a las pequeñas, que no podían competir en precios y calidad de suministro.

Las grandes compañías esquivaban el control de tarifas que el Estado les imponía para combatir la inflación y mostraban altos beneficios.

“Las grandes se comen a las chicas”

El sindicato de Luz y Fuerza señaló que pese a que existe en el proyecto del oficialismo un fondo compensador para poner en igualdad de condiciones a las cooperativas de menor envergadura, lo que sucederá como efecto inmediato es que las grandes absorberán a las pequeñas.

El proceso en Córdoba comenzó con la denuncia que las autoridades de Epec realizaron al convenio colectivo de trabajo, el ajuste de los beneficios de sus empleados y la conformación de una comisión que asegura la prestación del servicio en caso paros y protestas previsibles en uno de los sindicatos más combativos de la historia provincial y nacional. Con estos antecedentes, y frente al panorama que se viene, el reclamo de los empleados ha sido cuando mucho, medido.

Un nuevo marco regulatorio en marcha

El martes de la semana pasada el gobierno presentó el proyecto del nuevo marco regulatorio que fue elaborado por la consultora Quantum SA, especialista en privatizaciones, planteando un lento desguace de lo que es la actual Epec, que necesariamente deberá adecuarse al nuevo marco donde desparece el carácter estatal e integral de la generación, transporte, distribución y comercialización.

Aparecen las concesiones a empresas privadas con la figura de sociedades anónimas o cooperativas. Además elimina el sistema interconectado provincial condicionando la integración al sistema interconectado nacional.

Establece además que debe respectarse siempre el principio de rentabilidad empresarial en todos los procesos, y habilita un aumento automático de tarifas sin necesidad de audiencias públicas o autorizaciones expresas y hasta el pago por parte del estado de la diferencia de las previsiones de rentabilidad. Es decir, si el estado cordobés le promete una rentabilidad de diez pesos y la empresa concesionada gana siete, el gobierno le pagará la diferencia. Se crea una Agencia encargada de programar y planificar todas las instancias del servicio eléctrico, actividad principal de la Epec.

Proyecto alternativo de Luz y Fuerza

El jueves de la semana pasada, el gremio de Luz y Fuerza presentó en la Legislatura de la Provincia de Córdoba un proyecto alternativo de Marco Regulatorio de la Energía Eléctrica en el que consagra el principio constitucional de que se trata de un servicio esencial y público donde los estados nacionales y provinciales tienen la obligación de garantizar su prestación para todos los ciudadanos.

El proyecto determina que el servicio de energía en materia de generación, transporte, distribución y comercialización estará a cargo de una empresa estatal, integral y pública de patrimonio de los cordobeses. El sindicato cuestiona además que los fondos provenientes de la Nación estipulados por ley, terminarían en manos de las empresas privadas que ingresarán al mercado.

Una discusión sin plazos

Las autoridades políticas de la Unicameral aseguraron que a mediados de agosto el ministro Fabián López concurrirá a la Legislatura provincial para presentar y explicar el proyecto del gobierno. Además, aseguraron que se discutirá en profundidad y sin plazos para la sanción del Nuevo Marco Regulatorio de Energía Eléctrica.

Poniendo en un tercer plano los excesos que cometieron tanto los funcionarios como los empleados de la Epec, y antes de entregar un recurso estratégico a las empresas privadas, debemos tener en claro el concepto de la soberanía energética, no como ideología política sino como estrategia geopolítica.

La soberanía energética reside en la capacidad de una comunidad de gestionar la producción de la energía que consume. En este sentido, la soberanía energética se contrapone de manera inevitable a cualquier modelo de producción centralizado y en manos de pocas personas o empresas. Un estado es evaluado el mundo por sus riquezas naturales y por su capacidad energética.

 

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