Por ley, Cambiemos quiere impedir una posible privatización de Epec

Si el entonces gobernador José Manuel de la Sota impulsó, a meses de haberle ganado la elección general a Ramón B. Mestre, las leyes del “Nuevo Estado” (8835, 8836 y 8837) sancionadas por la Bicameral el 1 de marzo del año 2000, posibilitando concesiones, privatizaciones e incorporación del capital privado a las empresas estatales, 19 después con las mismas normas aún vigentes, no es extraño que el gobernador Juan Schiaretti pretenda avanzar nuevamente en la posibilidad de terminar lo que no pudo el ex gobernador: privatizar la Empresa de Energía Eléctrica de la Provincia de Córdoba (Epec).

El contexto político nacional donde predominaba la aplicación de políticas neoliberales del gobierno de Carlos Saúl Menem instruía para que el estado se retirara de los lugares estratégicos que ocupaba para otorgárselos al mercado. En los últimos años del segundo mandato del riojano, De la Sota avanzó con la intención de pasar a manos del sector privado la banca cordobesa, la instalación de los juegos de azar y la empresa de energía estatal. El Banco de Córdoba incorporó capital privado, los juegos de azar se instalaron en salas en lugar de hoteles y Epec resistió la embestida.

Con un marco similar al de la década del noventa donde el estado retrocede para darle lugar al mercado en sectores estratégicos de la economía nacional como por ejemplo la generación, transporte y distribución de la energía en el país.

Paradójicamente la Unión Cívica Radical (UCR), principal socio y motor de Cambiemos en Córdoba presentó un proyecto de ley en la Unicameral para detener cualquier intento de privatización de Epec y el Banco de Córdoba a través de la derogación y modificación de dos incisos de la ley 8836.

“Impedir que se modifique la situación jurídica y patrimonial de Epec”

“Hoy luego de que el actual ministro de Energía de la Provincia anuncie una serie de medidas que tienden en principio a paliar el déficit de la Epec, nos vemos en la obligación de impedir que se modifique la situación jurídica y patrimonial de la empresa estatal y de su personal”, aseguró el parlamentario del centenario partido.
Esa norma que abre la puerta a las privatizaciones del sector estatal establece en su artículo tres que se aplicará en los Poderes Legislativo, Judicial, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo. El legislador de la UCR, Miguel Nicolás propuso a través del proyecto de ley que se derogue el inciso b que abarca a las entidades autárquicas como EPEC y que se modifique el inciso c para excluir al Banco de la Provincia de Córdoba de cualquier posible privatización.

“El paquete de leyes 8835, 8836 y 8837 que se sancionaron el 1 de Marzo del año 2000 por iniciativa del entonces Gobernador José Manuel De la Sota a comienzos de la gestión de Unión Por Córdoba son una muestra del plan político llevado a cabo a lo largo de 19 años en la provincia de Córdoba. Aquello fue la radiografía de la forma en que se iba a manejar un modelo de gestión con poca transparencia y pésima calidad institucional” sostuvo el legislador Miguel Nicolás en los fundamentos de la iniciativa.

Puntualmente la ley 8837 de Incorporación de Capital Privado al Sector Público otorgaba facultades al Ejecutivo para la incorporación de capital privado o liquidación de empresas, sociedades o entidades de propiedad del Estado y permitía la concesión total o parcial de servicios, prestaciones u obras. En este intento privatizador quedó incluida la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec).

Nicolás: “Epec debe estar en manos del Estado”

Para impedir esta incorporación, Nicolás propone la derogación del capítulo completo, del título segundo acerca de los cambios de los modelos de gestión de la Ley 8837 que establece la Incorporación de Capital Privado (Participación Total o Mayoritaria) o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o entidades cuya propiedad pertenezca, total o parcialmente -pero en forma mayoritaria- al Estado Provincial.
Para instar los procedimientos establecidos, la ley establece que constituye requisito previo que haya sido aprobada la declaración de “sujeta a incorporación de capital privado”, la que deberá ser efectuada por el Poder Ejecutivo y remitida a la Legislatura Provincial, a los fines de su aprobación habilitando además a la liquidación total de las empresas del estado a través de procedimientos de Licitación Pública, Concurso Público, Concurso de Proyectos Integrales; Remate Público, con base o sin ella o venta de acciones en Bolsas y Mercados de Valores de Córdoba, nacionales o del exterior.

“Transcurridos los años, continúan aún en vigencia las leyes antes mencionadas, por lo cual consideramos indispensable de manera inmediata avanzar en su modificación y derogación según corresponda a los fines de impedir cualquier tipo de intento por parte de la administración provincial de avanzar en la privatización de la Epec, empresa estratégica para el desarrollo provincial que debe estar en manos de un Estado que debería asumir el rol que le corresponde administrando de manera eficiente y transparente los recursos en beneficio de los usuarios de los servicios públicos”, advirtió Nicolás.

Una estrategia que fue “mutando”

De acuerdo a un estudio realizado por las organizaciones involucradas en el debate energético de la Argentina denominado “Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES)” señala que en el marco de la insuficiencia de oferta energética, que ha sido especialmente aguda en la economía argentina de las últimas décadas, la estrategia estatal hacia ese sector, en particular el hidrocarburífero, fue mutando.

La pérdida de autoabastecimiento gasífero, la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, la reaparición de la restricción externa a la que se enfrenta históricamente nuestra economía y el peso de los jugadores del mercado fueron las variables que determinaron el modo en que las diferentes gestiones a cargo del área energética enfrentaron el problema.

Tal nivel de contradicciones tendría desde 2011 una resolución en la explotación masiva de Vaca Muerta. El play no convencional es uno de los más grandes del mundo, y no solo podría abastecer de gas el mercado interno por varias décadas, sino también de divisas a través de la exportación.

Con el cambio de Gobierno a finales de 2015, cuando el frente Cambiemos asumió el Ejecutivo nacional, la política económica en general, y la política sectorial en particular, cambiaron radicalmente. De esta manera, el mapa de ganadores y perdedores se modificó en perjuicio de quienes menos tienen. Los actores sociales involucrados en el sector son múltiples y constituyen una compleja trama de intereses: distintas jurisdicciones estatales; diferentes tipos de usuarios; trabajadores; comunidades afectadas por la explotación e industrialización de los recursos naturales; productores locales y empresas del sector.

Sin embargo, la política sectorial se definió principalmente mediante una negociación entre el Estado nacional y las empresas más grandes de la actividad que paradójicamente, en el último período, la incorporación de la pata sindical logró reducir la participación de los trabajadores en la distribución de la renta, algo que hoy le resulta cercano a los trabajadores de la Epec.

La estrategia de reemplazo parcial de subsidios directos a las empresas por la confección de un cuadro tarifario más favorable no implicó un aumento en la inversión productiva de las compañías. En parte, la dolarización de las tarifas no implica estabilidad ni previsibilidad de los ingresos de las empresas en el mediano plazo, como en el caso de los programas previos (Plan Gas) que garantizaban un precio fijo al productor.
Al mismo tiempo, esos programas incentivaban la producción incremental y exigían a las compañías ciertos niveles de inversión productiva, las consecuencias de un programa económico que premia la especulación financiera por sobre la inversión productiva se manifiestan con significativa intensidad en todos los sectores económicos.

Por uno u otro motivo, las empresas operadoras decidieron reducir sus niveles de inversión productiva en el año 2016 en nada menos que un 36%, según datos del Ministerio de Energía de la Nación. Esa reducción, por otra parte, fue mucho mayor en el caso de la producción convencional (48%) que en el de la no convencional (16%). Como consecuencia, el porcentaje de la inversión en recursos no convencionales alcanzó un máximo histórico al representar el 43% de la inversión sectorial.

La pérdida de protagonismo del Estado en el sector energético

En los dos primeros años del nuevo gobierno, se concretaron dos importantes procesos de fusión y adquisiciones de empresas del sector energético que han tenido gran relevancia en la concentración del mercado en pocas manos. Durante el gobierno de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner los procesos de adquisiciones de empresas eran monopolizados por la empresa estatal YPF. De esta forma el estado acaparó mercado tanto en forma vertical (segmentos de generación de electricidad tras la compra de activos de Pluspetrol y de MetroGas) como mediante concentración (tras la adquisición de Apache, así como de diversas áreas petroleras).

A partir de la nueva etapa abierta con el cambio de Gobierno fueron los actores privados los protagonistas de los procesos de concentración. En el primer caso la adquisición de Petrobras por parte de Pampa Energía y en el segundo caso la integración vertical por medio de la fusión de Axion Energy y Pan American Energy.
Pampa Energía es una empresa argentina integrada verticalmente en varios rubros energéticos. Se encuentra presente en los sectores de producción de electricidad, transporte y distribución. Y asimismo, en la extracción de hidrocarburos, la industria petroquímica y el transporte de gas natural a las distribuidoras. Se trata de una empresa de creación relativamente reciente, ya que nació en el año 2006 como Pampa Holding, para luego denominarse Pampa Energía. Desde su creación, la compañía ha tenido una fuerte vinculación con su CEO, Marcos Marcelo Mindlin, quien la controla junto a otros socios menores.

Para adquirir Petrobras, Pampa Energía recibió inexplicablemente el financiamiento de YPF que aportó USD 140 millones para que su competidora la adquiriera. Dicho préstamo se realizó a una tasa del 5 %, la de menor ratio de interés en el conjunto de préstamos asumidos para la adquisición. Para completar la transacción hubo un financiamiento de empresas jurídicas en paraísos fiscales del propio CEO, Marcelo Mindlin, que aportaron USD 75 millones. De estos, USD 50 millones fueron financiados a través de Emes Energía Argentina LLC, estructura radicada en Delaware y creada en mayo de 2016. En tanto, los restantes USD 25 millones provinieron del Grupo MTres S. A., estructura de Mindlin radicada en Uruguay. La tasa de interés de dichos préstamos es de 7 % y 7,5 % anual respectivamente, 2 y 2,5 pp superiores a la tasa de interés del otorgado por YPF.

El 11 de septiembre de 2017 se anunció la fusión entre Pan American Energy (PAE) y Axion Energy (AE). La estructura resultante se denominó Pan American Energy Group (PAEG). Mientras que PAE está integrada por Bridas (a -43- Informe Económico su vez compuesta en partes iguales por la familia Bulgheroni y la empresa china CNOOC) y BP plc., AE es controlada únicamente por Bridas. La fusión podría considerarse como de integración vertical. AE es una compañía dedicada a la refinación de petróleo crudo y al almacenamiento, la distribución y la comercialización de productos derivados del petróleo, incluyendo combustibles, lubricantes, GLP y productos químicos. En el año 2016 ocupó el tercer puesto (15,6%) en la producción de productos refinados del petróleo luego de YPF (57%) y Shell (15,7%).

En manos de amigos del Gobierno nacional

Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano concentran el 51% de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional, así como el 49% de la demanda total. Los dos primeros, además, están verticalmente integrados al controlar centrales de generación y transportistas (Transener y Transba). Caputo, es accionista minoritario de Edesur; Mindlin, controla Edenor; y Pagano, es el dueño de Edesa (Salta) y de las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción bonaerense: Eden, Edes, Edea y Edelap.

El resto de las distribuidoras se reparte entre empresas provinciales y privadas mayoritariamente extranjeras. Los dueños argentinos del servicio público de electricidad obtuvieron ganancias en 2017, primer año pleno de tarifazo, por 11.303 millones de pesos, esto es, casi 1.000 millones de pesos por mes, mientras que el gobierno de la provincia denuncia grandes déficits de la Epec, recorta jubilaciones y beneficios de sus empleados y genera el ámbito propicio para darle lugar a la intervención.

Partiendo de la base que las cuatro comercializadoras y distribuidoras de electricidad bajo jurisdicción bonaerense pertenecen a una sola empresa. En Central Puerto figura el “hermano de la vida” del presidente Mauricio Macri (Caputo), mientras que en Pampa y en DESA tenemos a dos socios estratégicos de la Alianza Cambiemos. Pampa Energía, por otra parte, tiene a su ex director, Marcelo Blanco, como funcionario del Ministerio de Energía al frente de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa, siendo que además es accionista de Petrolera Pampa S.A. (Pampa Energía) por 16,9 millones de pesos.

Con esta verdadera concentración y cartelización de la energía argentina, no es muy difícil prever lo que viene en el marco de las afinidades y las necesidades políticas que mantiene el gobernador Juan Schiaretti con el presidente de la nación Mauricio Macri.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba es una organización del Estado argentino constituida en 1953 dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba para la generación, transporte y distribución de energía eléctrica en la Provincia de Córdoba como parte de la Red de Transporte Nacional de energía. Es por eso que constituye en toda esta instancia un botín deseado por las empresas privadas que acaparan el mercado energético, tal como sucedió en el año 2000 donde el Sindicato de Luz y Fuerza le hizo comprender a la sociedad que significaba una entrega estratégica de los recursos de todos los cordobeses.

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